Los gobiernos de México, Colombia y Brasil, que trabajan en una salida para la crisis política en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, desestimaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como el órgano para divulgar los resultados de los comicios, resaltando que es el ente electoral el que debe hacerlo.
Los cancilleres de los tres países dijeron en un comunicado conjunto que “consideran fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 desglosados por mesa de votación”.
La solicitud se debe a que el CNE sigue sin publicar las actas que certifiquen que Nicolás Maduro ganó las elecciones, tal como proclamaron. En cambio, la oposición venezolana ha publicado las actas que recopilaron testigos electorales y que fueron emanadas por el propio CNE la noche electoral, y que dan la victoria a su candidato, Edmundo González, por casi 40 puntos de ventaja sobre Maduro.
Por otra parte, el gobierno venezolano acudió al TSJ, dominado por el chavismo, para pedir que aclare si las actas de la oposición o las del ellos, que no son públicas, son las válidas.
Al respecto, los cancilleres de México, Colombia y Brasil dijeron: “Al tomar nota del proceso iniciado ante el TSJ en torno al proceso electoral, parten de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados electorales”.
Asimismo, reafirmaron la conveniencia de que se permita la “verificación imparcial de los resultados, respetando el principio fundamental de la soberanía popular”.
El comentaro se produce horas después de que la jefa de misión electoral del Centro Carter, que participó en las elecciones del 28 de julio, dijera que luego de investigaciones con universidades y entes imparciales, llegó a la conclusión de que Edmundo González sacó más del 60% de los votos.
Derecho a manifestarse
Los países hicieron un llamado a los actores políticos y sociales del país para que ejerzan la “máxima cautela y moderación” en las manifestaciones. Y emplazaron a las fuerzas de seguridad para que garanticen “el pleno ejercicio” del derecho a manifestarse dentro de los límites de la ley.
“El respeto a los derechos humanos debe prevalecer en cualquier circunstancia”, dice el comunicado de los cancilleres.
Para este jueves, la ONG venezolana Foro Penal ha contabilizado 1,229 arrestos en las protestas que iniciaron el 29 de julio contra los resultados anunciados por el CNE. 105 de ellos son adolescentes, 157 son mujeres, 16 discapacitados y 5 indígenas.
Entre los detenidos está Freddy Superlano, dirigente del partido Voluntad Popular, cuyos familiares han denunciado que ha sido víctima de presuntas tácticas de tortura para que supuestamente declare sobre un plan desestabilizador de la oposición. También María Oropeza, dirigente del partido de María Corina Machado en el estado Portuguesa, quien transmitió en directo cómo era detenida por las fuerzas de seguridad.
Foro Penal también ha registrado 24 asesinatos en durante las protestas.
Por último, los México, Colombia y Brasil reiteraron su disposición a “apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de entendimientos que contribuyan a la estabilidad política y a la democracia en el país”.
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