Las empresas telefónicas y de cable han tomado de relajo a la población ante la mirada indiferente de los incumbentes de turno del Instituto Nacional de las Telecomunicaciones (Indotel), en los últimos años, quienes sin razones entendibles, se hacen de la vista gorda ante sus malas acciones.
Para poner un ejemplo, el Gran Santo Domingo no solo se tapona cuando llueve por las calles y avenidas, así como los imbornales, están bajo el control de talleres, negocios en aceras y contenes, parqueos de triple vía y otros desastres que, al parecer no interesan a alcaldes ni a ninguna otra autoridad regular, para que el ciudadano tenga derecho a transitar en libertad.
En el caso del Indotel, creado mediante ley 153-98 y puesto en vigencia en abril de 1999, su misión fundamental es cuidar, vigilar y regular la operatividad de las empresas telefónicas y de cable que están haciendo lo que quieren en perjuicio de los usuarios y de la seguridad ciudadana. Muchos accidentes han ocurrido por esos cables sueltos.
No hay un sector del Gran Santo Domingo y de ciudades importantes del interior donde no haya cables peligrosamente regados y colgando, que provocan accidentes y hasta cierran la entrada a parqueos privados, sin que a alguien le importe.
Estas empresas instalan sus “servicios” y los contratistas dejan el cablerío suelto como si no les costara nada, pero hacen la vida imposible a los propios usuarios de esos “servicios”. No hacen caso a llamadas ni a quejas de los afectados.
El organismo regulador debería disponer una inspección y someter a la Justicia a estas empresas por mal uso de los espacios públicos y obligarlas a resarcir los daños que causan tanto a los municipios como a los ciudadanos y al propio Gobierno.
Los funcionarios designados para acompañar en su próxima gestión al presidente Luis Abinader, deben fijar bien sus pantalones y vestidos para que, de una vez y por todas, se imponga la autoridad.
¡No más abusos de las cableras!
