El Ministerio Público depositó este sábado la instancia de solicitud de medidas de coerción en contra de los cabecillas de una estructura que reclutó a mujeres para explotarlas sexualmente, en la ejecución de la Operación Flor de Loto con la cual rescató a 45 víctimas colombianas y venezolanas, en allanamientos ejecutados en varios residenciales del sector Gurabo, en Santiago.
Luego de varios meses de seguimiento y vigilancia, para irrumpir en las entrañas de la estructura y conocer su modus operandi, la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, con el apoyo de la Policía Nacional, lograron rescatar a 45 mujeres, 43 de ellas de nacionalidad colombiana y dos venezolanas, a quienes los tratantes y proxenetas mantenían cautivas en varios apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, de Los Rieles de Gurabo, en donde eran explotadas sexualmente.
Con la ejecución de unos 15 allanamientos las autoridades pudieron constatar que se trata de una bien estructurada organización del crimen, integrada por los imputados Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez, quienes viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas, costeando procesos migratorios y de vivienda, atando con esta deuda a las víctimas, que debían ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos, para poder saldar la deuda.
Las féminas eran víctimas de explotación sexual comercial y otros crímenes conexos, en tanto que dependían de los tratantes para poder movilizarse de un lugar a otro. Los hombres, arrestados durante la operación, tenían bajo control los documentos de identidad de algunas de estas víctimas y, además, tenían control del pago que hacían sus clientes, con quienes ellos coordinaban el catálogo de servicios sexuales y los precios a pagar a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp.
Durante los allanamientos los organismos involucrados se incautaron de más de 300 pruebas, entre materiales, documentales y otras testimoniales, que vinculan a los imputados con la actividad criminal.
El órgano investigador, que solicita se imponga la prisión preventiva y se declare complejo el proceso, presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 1 (literales A y H), 3 y 7 (literales B y C) de la Ley 137-03, Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículos 265, 266, 333, 334, 334-1 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo; en perjuicio de las víctimas y del Estado dominicano.
Además, le imputa a Matos Monegro la violación al artículo 66 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados.
La liberación de estas víctimas es el resultado de una investigación que durante varios meses requirió de un exhaustivo seguimiento y vigilancia, entre otras labores de inteligencia, para conocer desde su seno cómo operaba la red criminal que, a sabiendas de la vulnerabilidad y necesidad económica de las víctimas, las sometían a extenuantes jornadas laborales sexuales y forzosas, privándolas de su dignidad y violentando sus derechos humanos.
El titular de la Fiscalía de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, informó que durante el desarrollo de estos 15 allanamientos, en labores que demandaron la disposición de un equipo de más de 100 personas entre fiscales, fiscalizadores y oficiales de la Policía Nacional, DICRIM, DEIDEM y policía uniformada, se realizó el mayor de los esfuerzos por resguardar la integridad de las víctimas, ante el estado de vulnerabilidad de las mismas.
Agregó que, más allá de la ilicitud de estas actividades, se está enviando un mensaje en favor de la dignidad de las mujeres y de las familias que residen en los residenciales donde la organización criminal quiso implantar un estado promiscuo.
La Ley 137-03 Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, sanciona los delitos de tráfico y trata de personas de los que se desprenden un sin número de violaciones a la dignidad humana.
Los apartamentos donde residían las víctimas eran alquilados por los imputados, que las mantenían bajo vigilancia para garantizar la «inversión» realizada. A los procesados, también se le ocuparon sustancias controladas y armas de fuego.
En estos esfuerzos en los que la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, lograron colectar evidencias de la actividad criminal lucrativa a la que estas víctimas eran sometidas en calidad de mercancía, han contado con el apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y de la entidad internacional Anti-Trafficking Bureau (ATB).
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