Jerusalén, 10 jul (EFE).- Los ministros de Justicia y Finanzas de Israel, Yariv Levin y Bezalel Smotrich, respectivamente, rechazaron este miércoles las peticiones de la Administración de Tribunales para financiar la representación legal privada para los palestinos detenidos como sospechosos de participar en los ataques del 7 de octubre, según sus declaraciones en distintos canales.
Hoy, ante la prensa, Levin aseguró que el Ministerio de Justicia no financiará dicha representación privada, reivindicando la decisión «que fue tomada al inicio de la guerra».
«¡Los ciudadanos de Israel no usarán su dinero para financiar una defensa legal para enemigos tan abominables!», escribió por su parte anoche en la red social X el ultraderechista Bezalel Smotrich, titular del Ministerio de Finanzas, que ha dado instrucciones a sus funcionarios para que no provean de fondos para representación legal alguna de los detenidos.
De esta forma, ambas carteras cierran la puerta a contribuir a una defensa privada para los palestinos detenidos, mientras que el Defensor del Pueblo de Israel se niega a representarlos, lo que anula también la posibilidad de que opten a una representación pública.
Las directrices de Finanzas y Justicia para evitar la financiación en este sentido son ilegales, explicó a EFE el portavoz del Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes (Adalah) Ari Remez, dado que el Estado está obligado por ley a garantizar la representación legal de los detenidos independientemente de su condición o crimen para que puedan ir a juicio.
«El proyecto de ley propuesto para prohibir que el Defensor Público represente a los definidos como ‘combatientes ilegales’ demuestra que actualmente no existen disposiciones legales que permitan denegar la representación», concretó en un comunicado Adalah, según el cual la negativa del Defensor del Pueblo tampoco tiene base legal.
Asimismo, Adalah señaló que «bajo cualquier ley internacional humanitaria, los Estados están obligados a dar asistencia legal a individuos que se enfrentan a cargos graves», por lo que, de no hacerlo, Israel estaría violando sus obligaciones ante el derecho internacional.
La situación deja a los detenidos sin defensa pública o privada, sometidos a prolongar su detención hasta que puedan ser juzgados o bien el Tribunal Supremo se pronuncie y obligue al Estado a que cumpla con su deber legal.
Por esto mismo, los propios tribunales designaron abogados privados para los detenidos, siguiendo las demandas de la Administración de Tribunales, que ahora Finanzas y Justicia se niegan a pagar.
Cientos de palestinos -Israel no ha publicado hasta el momento cifras exactas- permanecen detenidos como sospechosos de participar en los ataques del 7 de octubre, en los que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas, de las cuales 116 -vivas y muertas- continúan en Gaza.
A estos sospechosos se suman detenidos tanto de Gaza como de Cisjordania, en total más de 9.000, que se concentran en prisiones atestadas, donde organizaciones pro derechos humanos y los propios reos tras su liberación han denunciado «torturas» y todo tipo de malos tratos, como la privación del alimento.
El ministro de Seguridad Nacional, el extremista antiárabe Itamar Ben Gvir, llegó a afirmar que la solución para acabar con el problema de la falta de plazas en las prisiones israelíes es «promulgar la pena de muerte».
«Hay que matar a los prisioneros palestinos disparándoles en la cabeza y, hasta que se apruebe la ley (de pena de muerte para árabes), les daremos poco para vivir», recalcó Ben Gvir en un vídeo viral en redes. EFE
