La izquierda latinoamericana, todavía sembrada en la guerra fría, no escatima esfuerzos para desacreditar la inversión extranjera en los países democráticos, pero guarda un sospechoso silencio frente a las cada vez mayores concesiones del gobierno castrista para atraerse capital foráneo, que aumentaron con el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos.
Muchas de esas concesiones serían difíciles de imaginar aun en aquellas naciones en donde, según esa izquierda, existen regímenes de extrema derecha, sometidos a la voluntad del poder imperial estadounidense. Han sido muy escasos los grandes proyectos de inversión emprendidos en la República Dominicana, para citar un ejemplo, en los que esos grupos no se hayan movilizados para desacreditarlos y motorizar campañas de opinión con el propósito de ahuyentarlos. Por fortuna para el castrismo, en Cuba no existe esa izquierda, y por supuesto no se la permite y ni el más convencido de los comunistas se atrevería a oponerse a los planes de atracción de capital foráneo para resolver, por vías del capitalismo, las fallas de la revolución socialista, que tras sesenta y seis años de tiranía mantiene a Cuba en la más humillante pobreza.
Para que se tenga una idea bastaría con señalar que el gobierno cubano amplió en el 2010 de 50 a 99 años el tiempo en que las compañías o inversionistas extranjeros podrán utilizar tierras estatales, todo allí es estatal, para negocios inmobiliarios y turísticos, actividades que por décadas se denunciaron como propias del capitalismo decadente e inhumano. Se trata de un privilegio para extranjeros que se les niega a los cubanos; ciudadanos de segunda categoría a los que se les tiene vedado poseer propiedades, emprender negocios legítimos y tener acceso a lugares donde sólo se permite el ingreso de turistas, invitados especiales, diplomáticos y capitalistas extranjeros. ¡Patria o muerte, venceremos!
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