Para la segunda década del siglo XX, el país y particularmente en San Pedro de Macorís, se vivió la danza de los millones de pesos, con el auge de la demanda y altos precios del azúcar de caña en el exterior, a causa de la caída en la siembra, cosecha y producción en Europa del azúcar de remolacha, coyuntura que favoreció a dominicana como destino de inversión extranjera, para la construcción de ingenios y, además, en infraestructura vial, así como otros tipos de obras públicas, ese periodo de bonanza no pasó del año 1920, ante la caída de los precios del azúcar en los mercados internacionales, afectando severamente a la economía dominicana.
En la escala numérica en español, un billón equivale a una cifra de 13 dígitos. Los dominicanos no estamos acostumbrados a leer y escuchar cifras que involucren valores tan elevados, incluyendo a los que se familiarizan con el tema de la economía, pues cuando se habla del PIB, se hace referencia a su indicador de desempeño en porcentaje, lo propio acontece con la inflación, la tasa de interés, la depreciación monetaria y cuando el dato es en valores absolutos, las cifras no suelen ser altas, como es el caso de la tasa de cambio, cuando ha estado próximo a la barrera psicológica del RD$ 60.0 por US$ 1.0, o al monto de la deuda pública del sector no financiero, que ha llegado a su máximo nivel de US$ 55,698 millones a abril del 2024 o la deuda consolidada, que ha ascendido a US$ 70,946 millones a diciembre de 2023, un valor no actualizado, a pesar que estamos en junio de 2024.
Sin embargo, a partir del año 2022, cuando el proyecto de ingresos y ley de gasto público fue aprobado, la prensa nacional se hizo eco del mayor monto que registra la historia presupuestaria dominicana, al alcanzar el valor de RD$ 1,173,736,700,400 y que se lee como un billón siento setenta y tres mil setecientos treinta y seis millones setecientos mil cuatro cientos pesos; posteriormente, otro dato económico, los valores en circulación del Banco Central, conocido como certificados, también alcanzó la cifra de algo más de un billón de pesos (julio, 2023).
Desde entonces, el presupuesto nacional se ha mantenido con un monto que tiene una cifra de 13 dígitos, sobrepasado el billón en los años 2023 y 2024, registrando valores de RD$ 1,279,237,200,000 y RD$ 1,418,686,500,000, montos que difícilmente un lector pueda recordar, a no ser que lo simplifique y diga que los presupuestos del 2022 al 2024 han sido de RD$ 1.17 billón, de RD$ 1.27 billón y de RD$ 1.41 billón, entrando así el gobierno a la danza de los billones de pesos para gastarlo.
En la literatura (la cuantitativa) y registro económico, existe suficiente evidencia para poder afirmar que mucho dinero circulando en una economía puede ser causante de inflación y en el caso de cuando se gasta mucho dinero público en un país, no solo genera incremento de precios por la vía del aumento de la demanda agregada, sino también, que produce desbalances fiscales, que posteriormente impulsan al endeudamiento público, que es lo que justamente ha estado aconteciendo en la economía dominicana en los últimos años.
Cuando los gobiernos gastan mucho sin el respaldo suficiente de los ingresos corrientes, acontece el déficit fiscal y si persiste, puede afectar la sostenibilidad fiscal y dar motivos para realizar cambios en la fiscalidad, como es el que han estado anunciando las autoridades gubernamentales, al referirse a la necesidad de una reforma fiscal, pretendiendo hacer compromisario a las distintas fuerzas políticas, gremios empresariales y laborales y, entidades de la sociedad civil, del costo social y económico de la reforma fiscal, a pesar de que estos sectores no son responsables del aumento del gasto público y mucho menos de su baja calidad.
Una reforma fiscal que procure aumentar los ingresos tributarios, necesariamente promueve inflación, ya sea por el lado de la oferta -con los impuestos directos-, al encarecer los costos de los distintos sectores productivos y estos ser trasladado al precio final de los bienes y servicios o, por el lado de los impuestos indirectos, cuando gravan el consumo de bienes y servicios que demandan los ciudadanos.
En la evidencia empírica de la ejecución del gasto público dominicano, agosto de 2016 a agosto de 2020, se gastó un monto acumulado de RD$ 2.82 billón, durante ese periodo y antes, en términos anuales el país no conoció de un gasto público que llegara al billón de pesos al año y como participación dentro del PIB, la erogación pública alcanzó un máximo de un 16.3 % y un mínimo de un 16.1 % -menor que ahora- y en ocasión de la pandemia por la COVID-19, en el 2020, llegó a un 21.8 %, resultado combinado del aumento del gasto público y la caída de la economía en un -6.7 %.
Los resultados anuales del comportamiento del gasto público durante los años 2016 al 2019 no presionaron a la inflación, tanto así que siempre se mantuvo dentro del rango de la meta de inflación, incluso, en ocasiones hasta inferior al piso del rango y en cuanto al déficit fiscal, nunca fue superior al 2.2 % del PIB y el menor de un 1.8 %, también del PIB dominicano.
En contraposición, el gasto público de agosto 2020 a la primera semana de mayo 2024, muestra una erogación acumulada de RD$ 4.45 billones, la mayor de la historia, no solo como sumatoria, sino, también en la versión anual, en donde siempre ha estado sobre un billón de pesos, incluyendo el año 2024 que será de RD$1.42 billón. Referido en términos relativos, el gasto público, también ha crecido respecto al PIB dominicano, pasando de un 16.3 % a un 19.0 %, para un incremento de 2.7 puntos porcentuales, indicativo de que ambos comportamientos pueden asociarse a una conducta fiscal con voracidad del gasto público, sin el respaldo de los ingresos corrientes.
El resultado de la danza de los billones de pesos gastado por el sector público en estos últimos años, ha sido la de un persistente incremento de precios en los productos de la canasta básica, desde todo el año 2020 hasta abril del 2023, con una tasa de inflación que superó el techo máximo del rango meta, que es un 5.0 % y todavía a septiembre superaba la meta de inflación del 4.0 %.
Como resultado también del aumento del gasto público, el déficit fiscal durante los años que van del 2021 al 2023 supera el periodo anterior de año a año, promediando un desbalance anual de un 3.1 % del PIB y para el año 2024 se proyecta un déficit de la misma magnitud.
La danza de los billones de pesos gastado en los últimos 4 años en un examen forense, señalaría al gobierno como único responsable, entonces, justificar una reforma fiscal que cargue al sector empresarial o a los consumidores, no sería lo razonable. La cena de la danza de los billones de pesos gastado debe pagarla el culpable. Una reforma fiscal para obtener más ingresos, bajo la excusa de favorecer al gasto en salud, no encuentra evidencia en la preocupación gubernamental, ante el hecho de que para el 2021, el gasto en salud fue de un 13.0 % respecto al gasto total y en el 2023 disminuyó a un 10.0 %, una muestra que lo retrata es la dilación de 4 años para concluir los trabajos avanzados en la Ciudad Sanitaria.