Miembros del Comité de Protección al Consumidor y al Trabajador del Concejo Municipal se reunieron con el fin de reconsiderar algunas legislaciones que no fueron aprobadas el año pasado, entre ellas una que busca que los negocios de bicicletas eléctricas o motonetas obtengan una licencia para operar en la ciudad.
Algo que Alejandro Grajales, que tiene casi nueve años trabajando como repartidor, cree necesario.
“Por la seguridad de nuestra familia, de nuestros vecinos y nosotros mismos de usar batería con certificación para que no no tengamos esos riesgos”, dijo Grajales.
Según datos del departamento de Bomberos de la ciudad, en los últimos tres años 376 personas han resultado heridas y 28 han fallecido debido a incidentes relacionados con baterías de litio.
Por esta razón también consideran otra propuesta de ley que requeriría que las plataformas de entrega a domicilios proporcionen bicicletas eléctricas gratuitas y equipos de seguridad a sus repartidores.
El concejal Oswald Feliz, quien presentó esta propuesta, dice que las empresas de reparto a domicilio como Uber Eats y DoorDash también tienen que ser responsables sobre el uso de las bicicletas eléctricas.
“Estas compañías tienen el mercado más grande aquí en la ciudad de Nueva York y nos tienen que ayudar a resolver este problema”, dijo Feliz.
Esta última propuesta ha sido criticada por DoorDash, que afirma que ya gastan cerca de 50 millones de dólares al año en salarios para los repartidores, por una ley que fue implementada recientemente.
“Va a afectar a los Deliveristas mucho y a los mercados también que están en las plataformas y van a subir los precios para los clientes son los tres van a sufrir mucho”, dijo Kassandra Pérez-Desir, directora de relaciones gubernamentales, DoorDash.
Mientras que repartidores y activistas temen represalias por parte de estas compañías.
“No queremos que haya requisitos que probablemente lleven a que el trabajador pierda su trabajo o la posibilidad de qué no puede entrar a su aplicación porque su compañía está exigiendo ahora que tengan su requisito sin ninguna responsabilidad de la compañía sin embargo del trabajador”, dijo Ligia Guallpa, del Proyecto de Justicia Laboral.
Estas legislaciones serán introducidas, por segunda vez, al concejo municipal en la próxima sesión legislativa el 8 de febrero.
