En un escenario de creciente tensión política en la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, a pesar de tener la mayoría en el Congreso a partir del 16 de agosto, ha optado por buscar el consenso en su propuesta de reforma constitucional. Sin embargo, esta búsqueda de diálogo parece haber sido ineficaz hasta ahora. Grupos significativos de la sociedad civil y colectivos religiosos han expresado su firme oposición a la reforma, temiendo que pueda tener motivaciones ocultas y consecuencias no deseadas.
El mandatario, en su discurso, ha tratado de distanciarse de las prácticas de sus antecesores, quienes frecuentemente manipulaban la Constitución para perpetuarse en el poder. Abinader ha insistido en que su reforma pretende, entre otras cosas, poner un “candado” a la Carta Magna para prevenir futuras modificaciones que beneficien a un individuo específico. Sin embargo, esta propuesta no ha sido suficiente para calmar los temores de manipulación política y concentración de poder, especialmente cuando la oposición considera que la verdadera intención detrás de la reforma es permitir un nuevo camino para la reelección presidencial.
Desde el sector de la sociedad civil, la reacción ha sido de cautela y crítica. Organizaciones no gubernamentales y grupos de base argumentan que la participación y el diálogo transparente son fundamentales antes de realizar cualquier cambio constitucional que pueda tener profundas implicancias para la democracia dominicana. De igual forma, líderes religiosos han convocado a sus congregaciones a expresar públicamente su desacuerdo, solicitando que se preserve la esencia de la constitución actual que separa y balancea los poderes del estado.
Uno de los voces más destacadas en contra de la reforma es el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), que insta al gobierno a enfocarse en los problemas más acuciantes del país en lugar de la reforma constitucional. El presidente de Codue, pastor Feliciano Lacen, enfatiza que, antes de modificar la Carta Magna, es esencial abordar las deficiencias en la salud, educación, servicios eléctricos, y la economía de los más vulnerables. Lacen se une a la posición de legisladores de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD), quienes también rechazan la reforma, argumentando que se deben priorizar las regulaciones y estatutos pendientes que acompañan la Constitución del 2010.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), ha propuesto que se forme un pacto político amplio que incluya todas las fuerzas vivas del país para que la reforma constitucional pueda tener éxito. Además, ha sugerido la creación de una comisión de juristas liderada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que trabaje con los puntos críticos que han emergido desde la implementación de la Constitución del 2010.
Con 39 reformas en 180 años, la Constitución Dominicana ha sido testigo de constantes cambios, casi siempre centrados en la reelección presidencial. La sociedad dominicana, aún resintiendo las manipulaciones del pasado, observa con escepticismo los movimientos del actual gobierno. Mientras tanto, la oposición y varios sectores insisten en que se debe posponer cualquier discusión sobre la reforma constitucional hasta que haya mayores garantías de que los cambios propuestos realmente reflejen el interés nacional y no uno políticamente motivado.
En este contexto de desconfianza y debate político, la propuesta de Abinader enfrenta un camino lleno de obstáculos, donde el consenso parece ser el único camino viable para avanzar hacia una verdadera reforma constitucional que fortalezca, y no debilite, la democracia dominicana.