Por Carlos Arturo Guisarre. En mayo de 2024, el precio de la vivienda para el comprador final solo aumentó un 0.03%, al menos eso revelan los datos sobre inflación mensual del Banco Central. Con esto, la cotización real de las unidades habitacionales da un frenazo, y la volatilidad del sector inmobiliario hace pausa.
Los años 2023 y 2024 se han caracterizado por la baja volatilidad del precio de la vivienda. Incluso en mayo de 2023 el precio de la vivienda solo subió un 0.28%, lo que evidenciaba ya un respiro del frenesí que vivía el mercado de “casas” en República Dominicana, de acuerdo con el índice de precios al consumidor, o IPC, término que utiliza el Banco Central como eufemismo de la inflación.
Era diferente en 2021 y 2022, cuando los agentes inmobiliarios anunciaban aumentos generales de la vivienda “de un 30%”. Esos datos no se sustentaban con la realidad, porque en mayo de 2021 el aumento fue de 1.05% y en mayo de 2022 el incremento fue de un estrepitoso 1.52%.
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Los incrementos son estrepitosos, puesto que un aumento de 1.52% en un solo mes proyecta un 18.24% en un año, más del triple de la meta de inflación del Banco Central, que se sitúa en un 4% (+/- 1%).
En República Dominicana, La Ley de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso creó la figura de la vivienda económica, una modalidad de exención impuestos para desarrollares que se compromentan a fijar un precio final con un tope determinado, que desde enero de 2024 se sitúa en 5,025,380.75 pesos DOP, cuando en 2023 era de 4,852,211.2 pesos DOP. Ese monto lo establece la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Pese a ese aumento de más de 150 mil pesos DOP, el incremento en los precios de las unidades habitacionales es lento.
La demanda de vivienda es una característica estructural de la economía dominicana. El déficit habitacional comprende el millón 400 mil “casas”, de acuerdo con números de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (ACOPROVI).
Incluso, ACOPROVI se quejó hace una semana de que el Ministerio de Medio Ambiente ha elevado los niveles de burocracia para los permisos ambientales a la construcción de viviendas, “lo que tiene diversos proyectos detenidos”, según su presidenta, Annerys Meléndez. Esta denuncia infiere que los constructores encuentran un mercado inmobiliario firme.
