Se deben poner candados para reducir la evasión del ITBIS y del ISR, entre ellos revisar el régimen de exenciones de impuestos e incorporar a los informales
Un consenso sobre la reforma tributaria a la que República Dominicana se encamina en estos momentos, debe partir de que los diferentes sectores se pongan de acuerdo sobre tres puntos (relacionados entre sí): Nivel de desigualdad social en el país y meta a la que debemos aspirar, 2) tamaño del Estado (actual y el que haría falta para financiar la meta de reducción de desigualdad, y 3) cómo se financiaría el programa de reducción de desigualdad social, sin generar déficit fiscal, sino por el contrario, reduciendo el actual para bajar la dependencia del endeudamiento del Estado.
En cuanto a lo primero, República Dominicana tiene por delante un gran esfuerzo por hacer, pues a pesar del impresionante crecimiento económico logrado en las últimas décadas, somos un país con alta desigualdad social.
Aunque la pobreza monetaria a nivel nacional disminuyó del 27.7 % en 2022 al 23.0 % en 2023, el coeficiente de Gini estimado para el año 2023 fue de 0.378, 0.002 puntos más que en 2022, lo que revela una mayor desigualdad en el ingreso.
¿Nos vamos a quedar ahí? ¿Cuál sería la meta?
Respecto a lo segundo, la presión tributaria del país no llega al 15% del PIB, de las más bajas de América Latina. ¿A qué nivel llevarla en los próximos cuatro o cinco años? ¿A 17.5%, a 20 por ciento?
Y con relación a lo tercero, qué parte del financiamiento va a depender de ahorro en el gasto, que parecería ser la menor, aunque no menos importante, y qué parte será cubierta por nuevos ingresos.
Lo importante es que, tal como plantea el libro publicado por la Cepal sobre Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina, de la autoría de Juan Carlos Gómez Sabaini, Juan Pablo Jiménez y Ricardo Martiner, lo aconsejable sería que los diferentes sectores entiendan que uno de los grandes desafíos que sigue enfrentando la región (lo que aplica para la República Dominicana), es mejorar el poder redistributivo de la política fiscal, tanto en lo que se refiere a los impuestos como a los gastos, con el fin de promover una mayor igualdad en la distribución del ingreso disponible y una mayor reducción de los niveles de pobreza.
Para lograrlo, se debe reducir el peso de los impuestos regresivos, evitar la elusión y evasión en el pago del Impuesto Sobre la Renta y hacer más eficientes los impuestos a la propiedad.
Es inaceptable que en el país siga ocurriendo con el ITBIS lo revelado por el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de que de cada peso que podría ser recaudado a través de ese impuesto, el Estado recibe solo 34 centavos, y de los 66 que no ingresan, 47 centavos no entran a las arcas públicas por evasión, contrabando, informalidad, entre otros.
Lo mismo pasa con el ISR, impuesto que se evade en más de un 50 por ciento. Se deben poner, en el marco de la reforma, algunos candados para disminuir la evasión.
Uno de ellos sería hacer más racional y eficiente las deducciones, pues está estudiado que los gastos tributarios distorsionan la asignación de recursos y tienen un impacto negativo sobre la eficiencia y la equidad. Además, los asalariados no pueden escapar del ISR porque la empresa le retiene el impuesto, pero los trabajadores independientes tienen mayores posibilidades de evasión y elusión del impuesto.
Son falencias que deben ser corregidas porque, como advierte Peter Turchin en una obra en que aplica la lacliodinámica (una mezcla la historia con las matemáticas), la desigualdad, el empobrecimiento y la deuda empujan a una fractura fatal.
