Un alto número de funcionarios municipales que fueron electos, reelectos o salen de cargos de elección popular no realizaron su declaración jurada de patrimonio en el plazo hábil, debido al poco tiempo que estipula la ley para cumplir con la normativa y a las dificultades de manejo de la plataforma proporcionada por la Cámara de Cuentas para esos fines.
Así lo manifestaron ayer el presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza; y el alcalde de La Vega y presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Kelvin Cruz, previo a su participación en esta ciudad en el seminario “Consolidación de la Gobernanza Local para la Promoción del Desarrollo de la Región Cibao Norte”.
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Al ser consultados por separado acerca del tema, coincidieron en afirmar que La Ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, debe ser modificada para evitar distorsiones e incumplimientos.
De acuerdo con la Cámara de Cuentas, solo 127 funcionarios municipales presentaron su declaración jurada de patrimonio en el plazo hábil. El plazo venció formalmente el pasado viernes 24 de mayo.
Al respecto D’Aza explicó que la Ley incluye muchos funcionarios electos y designados que no manejan presupuesto, como los concejales y vocales. Recordó que la declaración jurada tiene como fin que un funcionario declare al recibir el cargo para separar su patrimonio de los fondos públicos.
Cruz manifestó que el corto plazo que permite la ley y la falta de experiencia técnica de alcaldes electos y reelectos hace imposible una declaración jurada a tiempo.
Seminario
El presidente de Fedomu y el representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Kota Sakaguchi, encabezaron el seminario “Consolidación de la Gobernanza Local para la Promoción del Desarrollo de la Región Cibao Norte”.
Con la actividad se cerró el proyecto “Diseño Metodológico y Elaboración del Perfil Integral de Desarrollo Región Cibao Norte”, que la JICA financió en los 24 municipios de Santiago, Espaillat y Puerto Plata.
