Desde hace mucho tiempo hemos sostenido el criterio que siempre habrá conflictos entre los contribuyentes y las administraciones tributarias, porque los tributos frecuentemente son considerados como un castigo al hombre trabajador renegando el protagonismo regulador de los Estados y presentan como evidencia de su aseveración, el tratamiento a los menos favorecidos de la fortuna.
Este juicio luce poco razonable, puesto que como producto de dicha función, se protegen vidas humanas, lo cual no puede estar sujeto a duda alguna, ni creemos que alguien desapruebe la validez de los sistemas sociales.
En cuanto a la inminente reforma fiscal es notorio el rechazo popular a esta, o por lo menos de gran parte de aquellos mismos que con evidente regularidad impiden tomar préstamos y exigen servicios a los Gobiernos de turno, otros aceptan las reformas, pero condicionadas a que las nuevas cargas afecten menos al consumo, y no como es usual que estas vuelvan a ser tributos indirectos y por lo tanto regresivos, tal como acontece ahora, donde los más vulnerables cada periodo contribuyen con el mayor porcentaje al Presupuesto nacional.
Es cierto que el conjunto de los menos pudientes contribuye más, pero no es una verdad absoluta, ya que los vulnerables pagamos más porque somos la mayoría y al sumar muchos montos pequeños hacen un gran monto. Por otra parte, cuando se trata de tributos indirectos la doctrina tributaria los exhibe como regresivos porque, por ejemplo, todos pagamos el 18% de ITBIS, no obstante para los más poderosos este representa menos sacrificio que los de menor poder adquisitivo. Para la reforma fiscal integral debemos considerar un sistema tributario más simple, en el cual todos aportemos de acuerdo con nuesta capacidad contributiva.
