El presidente Joe Biden ha hecho valer el privilegio ejecutivo sobre las grabaciones de audio de su entrevista con el fiscal especial Robert Hur, el fiscal federal republicano que se negó a recomendar cargos contra el presidente por su manejo de documentos clasificados.
La Casa Blanca bloqueó este jueves la entrega a los legisladores republicanos del Congreso de las grabaciones de audio de unas entrevistas que mantuvo el presidente Joe Biden con el fiscal especial Hur como parte de una investigación sobre su gestión de documentos clasificados.
La Casa Blanca justificó su decisión argumentando que los republicanos solo pretenden acceder a esas grabaciones “para tergiversarlas” y utilizarlas con fines partidistas.
“La ausencia de una necesidad legítima para las grabaciones de audio deja al descubierto su probable objetivo: recortarlas, distorsionarlas y utilizarlas para propósitos políticos partidistas”, afirmó en la carta hecha pública hoy el abogado de la Casa Blanca, Edward N. Siskel.
“Exigir esos materiales tan sensibles de la rama ejecutiva, protegidos constitucionalmente, porque quieren manipularlos para un posible beneficio político es inapropiado”, añadió Siskel en la misiva.
La disputa sobre el acceso a las grabaciones se enmarca dentro de los intentos de los republicanos para acusar de desacato al fiscal general, Merrick Garland, quien se ha negado a entregar a unos comités del Congreso esas grabaciones de las entrevistas de Biden con el fiscal especial Robert Hur.
En otra carta difundida por separado, el propio Garland aconsejó a Biden que no publicara el audio al considerar que estaba protegido por el privilegio ejecutivo, que protege las comunicaciones oficiales de un presidente para evitar que sea objeto de presiones.
Biden accedió a invocar ese privilegio ejecutivo, lo que significa que tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia tienen prohibido entregar las grabaciones al Congreso.
Los republicanos ya tuvieron acceso a las transcripciones de la entrevista que realizó Hur a Biden en octubre de 2023 como parte de la investigación que se había abierto al mandatario después de que se hallasen documentos clasificados en algunas de sus propiedades, como su casa en Wilmington (Delaware) y la oficina que tenía en Washington ligada al centro de pensamiento Penn Biden.
Hur concluyó en su informe final, de 345 páginas, que no había pruebas suficientes para imputar al presidente por ningún delito.
Sin embargo, en ese informe, Hur describió al mandatario como un “hombre mayor bien intencionado, pero con mala memoria”, una afirmación que los republicanos han utilizado para cuestionar la capacidad mental de Biden, que con 81 años es el presidente de más edad de la historia de Estados Unidos.
Los republicanos criticaron de inmediato la decisión de la Casa Blanca.
En un comunicado, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, arremetió contra la decisión del Ejecutivo y aseguró que la Casa Blanca está intentando “encubrir” algo y proteger a Biden.
Además, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, criticó en declaraciones a la prensa la decisión de la Casa Blanca y acusó a Biden de haberla tomado por razones electorales para impedir que los votantes escuchen las grabaciones.
Los legisladores demócratas consideran que el intento de desacato contra Garland es un último esfuerzo para mantener viva la investigación de juicio político de los republicanos contra Biden, a pesar de una serie de reveses en los últimos meses y del escaso apoyo a los artículos de juicio político dentro de la conferencia republicana de la Cámara.
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