El expediente del caso Calamar señala a Gonzalo Castillo como uno de los cabecillas de la presunta red que supuestamente drenó al Estado
Más de 1,200 millones de pesos se movieron «de manera ilícita» para las campañas interna y presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el año 2020, con el candidato Gonzalo Castillo.
Así lo afirma el expediente de poco más de 3 mil 600 páginas del caso denominado Calamar, elaborado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), órgano acusador del Estado que detalla que esto se logró gracias a una presunta coalición de funcionarios en detrimento del erario, mediante un sistema de soborno en la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
Los supuestos cabecillas del presunto entramado de corrupción, dice la Pepca, son, además de Gonzalo Castillo, Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Princesa Alexandra Medina García y Aldo Antonio Gerbasi Fernández.
Mediante empresas privadas, detalla la instrumentación, «tenían contratos adjudicados con la Oisoe, donde a través de maniobras fraudulentas, el entramado de corrupción obtuvo mil doscientos treinta y un millones novecientos noventa y tres mil ciento ochenta y ocho pesos (DOP 1,231,993,188.00); los cuales fueron utilizados para el finamiento de la campaña interna y la presidencial en la que el acusado Gonzalo Castillo Terrero era candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)».
Gonzalo era ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en el año 2020.
Pero el documento de la Pepca indica que el exfuncionario peledeísta «recibía estos fondos de forma directa de Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, los cuales eran entregados en efectivo, en ocasiones esto ocurría en la oficina del propio Gonzalo Castillo Terrero».
«El acusado recibió sumas millonarias del Estado dominicano, que él sabía eran de procedencia ilícita, y que por demás era acción típica de financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, ya que los fondos no fueron reportados en el informe de financiamiento realizado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)», añade la acusación.
El juicio preliminar contra los encartados iniciará el próximo 17 de junio.
