La Junta Central Electoral ha ido cumpliendo, punto por punto y fase por fase, la tarea compleja y exigente de organizar las elecciones presidenciales y congresuales del próximo domingo y al acercarse la hora cero ha reafirmado garantías a los dominicanos de que la competencia será transparente, equitativa y de absoluto respeto a los derechos de elegir y ser elegidos. A su gestión, previamente consensuada por entes partidarios, no le ha faltado hasta estos momento la aprobación y confianza de los sectores más representativos de la sociedad y no son ostensibles los motivos para invocar a destiempo imperfecciones insuficientes para distorsionar y mucho menos para alterar sustancialmente la expresión de la voluntad popular aunque, por el contrario, llevar a la JCE a la obligación de disponer sustituciones, aún mínimas, en los niveles de mando de la maquinaria electoral conllevaría riesgos mayores para la dinámica organizativa creada durante años para un plausible fortalecimiento institucional.
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La verdadera vulnerabilidad a la culminación integral y exitosa de las elecciones sería creada ahora con improvisaciones. Si el organismo rector del más importante ejercicio democrático cuatrienal desestima el sorprendente pliego de requisitos, su decisión merecería el respaldo de la nación por razonable y legitima constitucionalmente para preservar el esquema al que venía acogiéndose la JCE sin generar suspicacias en la colectividad porque su obligación es que todo salga bien aunque soplen vientos en contra.
