Ley de Residuos Sólidos

Diputados de la oposición criticaron la aprobación de la Ley de Residuos Sólidos al considerar que la normativa incrementará la carga económica para empresas y consumidores.

Los legisladores Charlie Mariotti Paz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Alcibíades Tavárez, de la Fuerza del Pueblo, cuestionaron el contenido de la legislación y advirtieron sobre sus efectos en la economía.

Mariotti afirmó que la ley no resuelve los problemas estructurales del manejo de los residuos sólidos y sostuvo que los únicos beneficiados fueron los propietarios de estaciones de combustibles.

“Lamentablemente el único beneficiado ahí fueron las estaciones de combustible, que fueron a los únicos que se les va a cobrar la contribución por ventas menos el costo de ventas”, expresó.

El legislador aseguró que el resto de los contribuyentes continuará pagando una contribución especial calculada sobre sus ingresos, lo que, según dijo, representa un aumento considerable respecto al esquema anterior.

“Todos los demás vamos a estar pagando contribución especial. El que pagaba 500 ahora va a pagar 5 o 6 mil pesos; el que pagaba 20 mil ahora va a estar pagando 90 mil”, manifestó Mariotti.

Por su parte, el diputado Alcibíades Tavárez, de la Fuerza del Pueblo, afirmó que la legislación tiene como objetivo aumentar la recaudación del Estado y advirtió que el costo terminará siendo asumido por la población.

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El legislador reconoció que durante la discusión del proyecto se introdujeron modificaciones, entre ellas la reducción del aporte máximo para las grandes empresas y la exclusión de algunas organizaciones sin fines de lucro, pero consideró que esas variaciones no eliminan el impacto económico de la ley.

“Yo llego a la conclusión de que este país va a caer en un abismo insalvable si continúan buscando dinero, sea a través de leyes, de reformas fiscales o de préstamos internacionales”, afirmó.

De acuerdo con Tavárez, la ley busca recaudar entre RD$8,000 millones y RD$9,000 millones mediante un fideicomiso, recursos que, a su juicio, terminarán siendo trasladados por los empresarios al precio de bienes y servicios que pagan los consumidores.

 En otro orden el diputado del PRM, Ignacio Aracena, defendió la aprobación de las modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos al asegurar que la iniciativa permitirá dotar de mayores recursos a los ayuntamientos para enfrentar el problema de la acumulación de basura y mejorar la recogida de desechos, una situación que, afirmó, afecta la salud y el medio ambiente.

“Los ayuntamientos necesitan tener un poquito de recursos para garantizar la recogida de basura de manera efectiva”, expresó Aracena, quien sostuvo que el proyecto fue consensuado durante varios años y que, aunque no es una ley perfecta, podrá seguir fortaleciéndose mediante el diálogo.