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WASHINGTON — Una Corte Suprema dividida confirmó este martes una amplia interpretación de la ciudadanía por nacimiento, al rechazar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que declaraba que los hijos nacidos de personas que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses.
En esta fotografía del 16 de septiembre de 2015, una mujer de Sullivan City (Texas), que afirmó haber entrado en el país de forma ilegal, camina junto a su hija, nacida en Estados Unidos, a la que se le denegó el certificado de nacimiento. (Foto AP/Eric Gay, archivo)
Los jueces se basaron en una interpretación establecida desde hace mucho tiempo de la Decimocuarta Enmienda, adoptada después de la Guerra Civil, así como en leyes federales más recientes, para determinar que toda persona nacida en el país, con muy pocas excepciones, es ciudadana.
“La ciudadanía, entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, citando el debate del Congreso sobre la enmienda. “Hoy mantenemos esa promesa”.
Tres jueces conservadores habrían permitido que las restricciones entraran en vigor.
Las restricciones impulsadas por el presidente republicano habían sido bloqueadas por varios tribunales inferiores y nunca llegaron a aplicarse en ninguna parte de Estados Unidos.
Durante los argumentos orales celebrados en abril, tanto jueces conservadores como liberales cuestionaron la legalidad de la orden en un caso de gran trascendencia, cuya relevancia aumentó debido a la presencia sin precedentes de Trump en la sala del tribunal.
El caso representó una nueva prueba de las afirmaciones de Trump sobre el poder ejecutivo, que desafían precedentes jurídicos de larga data, ante una Corte con mayoría conservadora y una visión amplia del poder presidencial que, en gran medida, ha fallado a su favor. En las notables ocasiones en que la Corte no lo ha hecho, Trump ha respondido con fuertes críticas personales contra los jueces.
Los magistrados resolvieron la apelación presentada por Trump contra una decisión de un tribunal inferior de New Hampshire que anuló las restricciones a la ciudadanía.
La orden sobre la ciudadanía por nacimiento, que Trump firmó el primer día de su segundo mandato, forma parte de la amplia ofensiva de su administración contra la inmigración.
Una mujer que ingresó al país de forma irregular, muestra las huellas de los pies de su hija, quien nació en Estados Unidos pero a quien se le negó el certificado de nacimiento. Archivo
La ciudadanía por nacimiento fue la primera política migratoria de Trump en llegar a la Corte Suprema para una decisión definitiva. Anteriormente, los jueces también habían anulado los aranceles globales que Trump impuso al amparo de una ley de poderes de emergencia que nunca antes se había utilizado de esa manera.
Trump reaccionó con furia a la decisión sobre los aranceles, emitida a finales de febrero. Dijo que sentía vergüenza de los jueces que fallaron en su contra y los calificó de antipatriotas.
También pareció reconocer que era probable que la Corte fallara en su contra respecto a la ciudadanía por nacimiento. A través de su plataforma Truth Social, criticó a los “jueces y magistrados tontos” y a las mujeres embarazadas adineradas procedentes de China y de otros países que viajan a Estados Unidos para dar a luz con el fin de que sus hijos recién nacidos obtengan la ciudadanía estadounidense.
La orden de Trump habría alterado la interpretación ampliamente aceptada de que la Decimocuarta Enmienda concede la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos, con la única excepción de los hijos de diplomáticos extranjeros y de quienes nazcan durante una ocupación militar extranjera.
La enmienda fue concebida para garantizar la ciudadanía a las personas negras, incluidos los antiguos esclavos, aunque la Cláusula de Ciudadanía está redactada en términos más amplios. Su texto establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.
En una serie de decisiones, tribunales inferiores declararon ilegal la orden ejecutiva de Trump.
ARCHIVO — El presidente Donald Trump firma un documento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 30 de enero de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)
Esas resoluciones del mandatario se basaron en el fallo de la Corte Suprema de 1898 en el caso Wong Kim Ark, que determinó que el hijo nacido en Estados Unidos de ciudadanos chinos tenía derecho a la ciudadanía estadounidense.
Las administración Trump sostuvo que la interpretación tradicional de la ciudadanía es incorrecta, argumentando que los hijos de personas que no son ciudadanas estadounidenses no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
Según una investigación del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute) y del Instituto de Investigación sobre la Población de la Universidad Estatal de Pensilvania, más de un cuarto de millón de bebés nacidos cada año en Estados Unidos se habrían visto afectados por esta orden ejecutiva.
Aunque Trump ha centrado gran parte de su discurso y sus acciones en la inmigración ilegal, las restricciones a la ciudadanía por nacimiento también se habrían aplicado a personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos, incluidos estudiantes y solicitantes de la tarjeta de residencia permanente (green card).
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