A medida que avanza la temporada electoral de 2026, los derechos al voto y el acceso a las elecciones se sitúan en el centro del debate nacional con nuevos desafíos legales, propuestas de requisitos de identificación para los votantes y cambios en la administración electoral que podrían sobre todo afectar a los votantes de las minorías.
Los defensores de los derechos civiles advierten que muchos de estos cambios podrían afectar de manera desproporcionada a las minorías, a las personas de bajos ingresos, a los adultos mayores, a los residentes de zonas rurales y a quienes votan por primera vez, lo que hace que el acceso a información fiable sea más importante que nunca.
“Debemos preparar a la gente de antemano frente a la información errónea y la desinformación, ya que resulta muy difícil responder a esto en tiempo real cuando se producen, es decir, justo antes de las elecciones”, dijo Thomas Sáenz, presidente y asesor legal del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF) durante la videoconferencia: “¿Están seguros nuestros votos? Derechos de voto, identificación de votantes y las elecciones de 2026”, organizada por American Community Media (ACoM).
“Lo que está en juego en lo que podría ser la elección más importante que hemos afrontado hasta la fecha en este país, es el control de la Cámara de Representantes y del Senado, así como elecciones cruciales a nivel estatal y local”, señaló Sáenz.
“Tradicionalmente, las elecciones de mitad de mandato como esta han registrado una participación menor que las elecciones presidenciales de otros años”.
Pero dijo que necesitamos ver una mayor participación, sobre todo debido a los esfuerzos emprendidos para privar de sus derechos electorales a los votantes de color en este país.
“Se ha oído hablar de órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump sin la intervención del Congreso, pero, bajo nuestra Constitución, el presidente carece de toda autoridad para regular los procesos electorales”, señaló.
Enfatizó que solo el Congreso tiene la autoridad para regular las elecciones federales; por lo tanto, la ley conocida como “SAVE Act” que nunca debería aprobarse afectaría técnicamente a los comicios federales.
“El problema es que en todos los estados del país celebramos las elecciones federales simultáneamente con las estatales y locales, de modo que no es posible aplicar dos conjuntos de normas distintas para una misma elección. Resultaría excesivamente costoso”.
Así que dijo que quieren evitar que se adopten medidas que restrinjan el derecho al voto a las personas de color.
“Es fundamental que todos los votantes conozcan con meses de antelación los requisitos de su estado para sufragar; y si necesitan obtener un tipo específico de identificación, ya sea una licencia de conducir u otro documento válido”.
Destacó que el objetivo es lograr un electorado plenamente informado, de modo que la mayor cantidad posible de personas esté en condiciones de votar en las elecciones de noviembre.
“Tendremos que enfrentar los intentos para disuadir la participación mediante la difusión de información errónea y desinformación sobre la fecha de la elección, los lugares de votación y los requisitos para sufragar”, dijo.
Señaló que en 2020 Donald Trump intentó en Georgia y otros lugares, manipular el recuento, buscando que el Secretario de Estado alterara las cifras para cambiar el resultado a su favor.
“Debemos estar alerta ante esto; es algo que no ocurrirá hasta después del día de las elecciones. Por tanto, es importante preverlo, aunque en realidad no sucederá hasta que se haya celebrado la elección”.
Leyes restrictivas
Da Hae Kim, gerente de promoción de políticas de VoteRiders, una organización enfocada en la educación para el votante, dijo que trabajan para revertir el daño causado por las leyes restrictivas de identificación electoral,y sentar las bases para ampliar el electorado de manera equitativa mediante el apoyo a millones de votantes potenciales.
“Estamos enfrentando la posibilidad de que millones de votantes sean silenciados por las leyes de identificación y las normativas que exigen pruebas documentales de ciudadanía, con la organización comunitaria sobre el terreno, la difusión digital, la educación, la colaboración con aliados y la incidencia política a nivel estatal y federal”.
Precisó que actualmente 38 estados exigen algún tipo de identificación para votar, y cada año surgen nuevos proyectos de ley a un ritmo alarmante.
“Estas normativas, cada vez más estrictas, crean barreras generalizadas para los votantes elegibles, muchos de quienes llevan años votando sin problemas, mientras que el panorama cambiante de la legislación genera confusión”.
A menudo dijo que los votantes optan por quedarse en casa antes que enfrentarse a la vergüenza, al rechazo o a la intimidación por no contar con la identificación adecuada, una realidad que nuestras investigaciones confirman.
“Desde una perspectiva nacional, casi 21 millones de ciudadanos estadounidenses en edad de votar no poseen una licencia de conducir vigente, y otros casi 29 millones tienen una licencia válida pero que no refleja su nombre ni su dirección actual”.
Por tanto, indicó que estas leyes afectan a los ciudadanos de color, quienes tienen casi cuatro veces más probabilidades de carecer de una licencia o tarjeta de identificación estatal vigente en comparación con los ciudadanos blancos.
“Dentro de este grupo, los estadounidenses afroamericanos e hispanos tienen, de manera desproporcionada, menos probabilidades de contar con una licencia de conducir vigente”.
El caso Shasta
Annelise Pierce, fundadora y editora jefa de Shasta Scout, una organización no lucrativa, dijo que el condado de Shasta es un lugar radicalmente distinto a la mayor parte de California donde las posturas políticas se inclinan bastante hacia una derecha profundamente conservadora.
“Somos una comunidad rural, mayoritariamente blanca y con una fuerte influencia religiosa. Por ello, ha sido un lugar donde históricamente han prosperado los movimientos secesionistas y donde ha existido un gran antagonismo hacia el gobierno de California”.
Mencionó que la pandemia de Covid marcó el inicio de un giro aún más pronunciado hacia la derecha,al grado que la mayoría de la junta del condado, decidió rescindir el contrato con la empresa Dominion Voting Systems y pasar al recuento manual de votos en Shasta.
“Esta medida se enfrentó a la oposición del estado de California, que promulgó una norma de emergencia prohibiendo el recuento manual en una jurisdicción tan grande como la nuestra”.
No obstante, mencionó que en los años siguientes y hasta la actualidad, continúan las quejas contra la oficina electoral.
“Finalmente se nombró a un nuevo registrador electoral que comparte plenamente las inquietudes de los activistas electorales y comenzó a implementar numerosos cambios en los procedimientos electorales locales”.
Pero además impulsó la medida electoral B, la cual fue aprobada por 30,000 votos este año y está destinada a transformar la gestión de las elecciones a nivel local en el condado de Shasta.
De implementarse, observó que la Medida B separaría, entre otras cosas, el padrón electoral del condado de Shasta del del estado de California.
“Sus promotores sostienen que esto es legal porque somos un condado con su propia Constitución, lo que significa que establecemos algunas de nuestras propias leyes a nivel local, a diferencia de los condados regidos por la legislación general”.
Dijo que el estado presentó una demanda de inmediato, argumentando que una jurisdicción local no tiene facultad para establecer sus propias leyes electorales.
“Su implementación plantearía verdaderos desafíos logísticos para el registrador electoral, ya que habría que mantener dos sistemas de registro de votantes distintos: uno para cumplir con las elecciones estatales y federales, y otro para las locales”.