NUEVA YORK – La congresista de Nueva Jersey, Analilia Mejía, retiró su coauspicio al proyecto de estatus del comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, para un plebiscito federal con la opción del Estado Libre Asociado (ELA).
El reporte de El Nuevo Día señaló que la legisladora del distrito 11 había respaldado la medida el pasado 15 de junio y que retiró su nombre de la lista de coauspiciadores este miércoles.
En el trámite del proyecto en Congress.gov no aparece el nombre de la representante.
Este medio contactó a la oficina de prensa de la demócrata para indagar sobre las razones del supuesto retiro del apoyo y esperamos por respuesta.
Es la primera vez que a Mejía se le vincula directamente con temas relacionados con Puerto Rico desde que asumió el cargo electivo y, en específico, con el del estatus.
Mejía, mitad dominicana y mitad colombiana, es reconocida por su trabajo en organizaciones de base que abogan por las comunidades de color, migrantes y la clase trabajadora.
Fue electa al cargo en una consulta especial en febrero pasado en la que venció con un 29% de los votos a Tom Malinowski, quien obtuvo un 27%. La representante ocupa el escaño que dejó la actual gobernadora de NJ, Mikie Sherrill.
Antes de ingresar a la Legislatura, la progresista sirvió como codirectora ejecutiva en Center for Popular Democracy (CPD), red nacional de organizaciones comunitarias de base que abogan por la justicia racial y económica, no solo en los estados, sino en territorios como Puerto Rico.
Líderes del CPD han sido muy vocales en temas como el impacto de la Ley 22 (“Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”) en Puerto Rico y el desplazamiento de locales.
Mejía también trabajó en la campaña de 2020 del senador socialista Bernie Sanders y laboró en la Administración de Joe Biden.
Este viernes, la política anunció, a través de un comunicado, que el senador demócrata de Connecticut, Chris Murphy, había presentado en ese cuerpo legislativo la Ley de Salario Digno para Todos (“Living Wage For All Act”), que tanto ella como la representante de Illinois, Delia Ramírez, encabezan en la Cámara.
El esfuerzo busca elevar el salario mínimo federal a $25 dólares por hora, mediante un proceso de implementación gradual en dos etapas. Bajo la estructura que contempla el proyecto, las grandes empresas estarían obligadas a establecer un salario base de $25 para el año 2032, mientras que el resto de los negocios dispondrían hasta 2039 para hacerlo. De ser aprobada, la medida, que también garantizaría un salario digno para los trabajadores al exigir aumentos automáticos y continuos al mínimo federal hasta alcanzar dos tercios de la mediana salarial, aplicaría a Puerto Rico.
Al momento, el proyecto de estatus H.R.9246 del comisionado cuenta con ocho patrocinadores, excluyendo a Mejía. Todos son demócratas.
La “Ley de Autodeterminación Democrática de Puerto Rico” (‘‘Puerto Rico Democratic Self Determination Act’’) propone una consulta de estatus con la opción territorial del ELA. La legislación provee para la creación de una comisión bilateral o “Comisión de Desarrollo del Estado Libre Asociado” para sugerir reformas a la relación actual, “centradas en fortalecer el autogobierno, la identidad cultural de Puerto Rico y la participación en programas federales y en la toma de decisiones”.
Según el texto de la medida, se busca impulsar un proceso de resolución de estatus que sea “democrático, creíble, inclusivo” y capaz de ofrecer una orientación clara al Congreso.
Para Hernández, un acto legítimo de libre determinación debe permitir a los electores expresar su preferencia entre todas las opciones que cuenten con un respaldo público significativo, incluyendo tanto la continuación de la relación actual con EE.UU. como alternativas a dicha relación.
“El Congreso tiene la responsabilidad de establecer un proceso justo e inclusivo que permita al pueblo de Puerto Rico expresar, de manera clara e informada, si desea continuar con su relación actual con los Estados Unidos o buscar un estatus diferente y, en caso de preferir un cambio, qué opción elige”, expone el texto del H.R.9246.
Varios líderes políticos en Puerto Rico y en Washington D.C. han cuestionado el contenido de la legislación por incluir la opción del ELA y negar el carácter colonial de la relación entre el territorio y EE.UU.
Las representantes progresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes presentaron en el 2022 el “Puerto Rico Status Act” para un plebiscito similar al propuesto por el comisionado, pero sin el ELA, tronaron contra el esfuerzo legislativo.
La medida que incluía las alternativas no territoriales de independencia, estadidad o libre asociación fue aprobada en el pleno de la Cámara en diciembre de ese año, pero no pasó el cedazo del Senado.
El exgobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, defensor por muchos años del statu quo, afirmó en entrevista exclusiva con El Diario esta semana que le parece ambigua la definición del ELA del comisionado en el proyecto de ley.
Acevedo Vilá, miembro del mismo Partido Popular Democrático (PPD) que Hernández preside, anticipó que la medida no será aprobada en el Congreso.
Aquí puedes leer y ver la entrevista