Fernanda Sena una de las víctimas del caso Indisarq afirmó este jueves que las audiencias del proceso judicial han sido aplazadas en varias ocasiones por razones que, a su juicio, evidencian un trato permisivo hacia los imputados.
“Están siendo permisivos porque buscan cualquier excusa para aplazar la audiencia. Una licencia de 24 horas, un intoxicamiento de un día, que está para el médico, e inclusive pusieron al imputado a elegir el horario de conocer servicio porque él tiene clase en la universidad a las 2:00 de la tarde”, expresó Sena.
La declaración se produce luego de que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazara para el próximo 23 de julio la audiencia del caso Indisarq, debido a que el principal imputado, Emmanuel Rivera Pichardo, hijo de Emmanuel Rivera Ledesma, no contaba con un defensor público. Las pesquisas del caso surgieron luego de un reportaje realizado por N Investiga, de Nuria Piera.
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“¿Por qué tienen que acoger el horario de un imputado, cuando se supone que el imputado es el que tiene que estar en el horario que le impone el tribunal? La verdad es que no entiendo qué está pasando con la justicia de nuestro país. Están siendo muy permisivos con la parte imputada. Demasiado. Y es muy notorio”, manifestó la victima.
Pese a los aplazamientos, aseguró que las víctimas continuarán participando en el proceso judicial hasta que se emita una decisión.
“No, claro que no, no nos vamos a rendir. Ni nos hemos rendido ni pensamos rendirnos. Nosotros vamos a llegar hasta el final”, sostuvo.
“Nosotros esperamos un resultado positivo con la audiencia y el tribunal, que falle a favor de nosotros porque ahí están todas las pruebas de la estafa inmobiliaria y hay que poner un ejemplo para que esto ya deje de pasar, porque son demasiados los que han salido después de esta estafa. Entonces, si no se crea un precedente, esto no va a parar, esto va a seguir. Estamos en espera de que el tribunal falle a favor de nosotros”, afirmó.
El proceso judicial involucra a Emmanuel Rivera Ledesma, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de una red acusada de estafar a más de 500 personas mediante supuestos proyectos inmobiliarios. El expediente también incluye cargos por falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos contra varios imputados y dos empresas vinculadas al caso.
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