Santo Domingo.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el próximo 23 de julio la audiencia del caso Indisarq, proceso en el que el principal imputado, Emmanuel Rivera Ledesma, está acusado de encabezar un esquema inmobiliario fraudulento vinculado con estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos.
El aplazamiento se produjo debido a que el principal imputado no contaba con un defensor público. Las pesquisas del caso surgieron luego de un reportaje realizado por N Investiga, de Nuria Piera.
Sobre el proceso, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público presentó acusación formal contra 11 personas físicas y dos jurídicas vinculadas a una red que, de acuerdo con la investigación, estafó a más de 500 personas mediante supuestos proyectos inmobiliarios, utilizando diversas maniobras fraudulentas para engañar a las víctimas.
El expediente, presentado ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, identifica como acusados a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera y las empresas Indisarq, SRL, y CRD Equipos Pesados, SRL, entre otros.
Los imputados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en presunta violación de los artículos 59, 60, 147, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.
La investigación establece que la presunta red utilizaba las empresas Indisarq, SRL, y CRD Equipos Pesados, SRL, como instrumentos para ejecutar los fraudes, ofertando propiedades inexistentes en supuestos proyectos inmobiliarios.
Asimismo, se determinó que ambas empresas incumplieron sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que constituye una presunta defraudación tributaria.
De acuerdo con la acusación, el perjuicio económico ocasionado a las víctimas supera los RD$235 millones y los US$10 millones, recursos que, según el Ministerio Público, deberán ser resarcidos en favor de los afectados.
Durante la etapa preparatoria, el Ministerio Público logró incautar bienes muebles e inmuebles adquiridos, presuntamente, con los fondos entregados por las víctimas, entre ellos casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada. Además, determinó que parte de esos recursos fueron utilizados para cubrir gastos personales de los acusados.
La red fue desmantelada tras 25 allanamientos realizados en las provincias San Cristóbal, Dajabón, Espaillat y Sánchez Ramírez, así como en el Distrito Nacional, donde fueron ocupadas múltiples propiedades y otros bienes pertenecientes a los imputados, quienes, de acuerdo con el expediente, mantenían un estilo de vida lujoso financiado con el dinero obtenido mediante el supuesto esquema fraudulento.
Entre las pruebas recopiladas, el Ministerio Público sostiene que Emmanuel Rivera Ledesma, señalado como cabecilla de la presunta red, utilizaba el nombre de figuras públicas para ganar la confianza de las víctimas, sin mantener ningún vínculo con esas personalidades.
Asimismo, la acusación indica que, tras el inicio de las investigaciones, el principal imputado intentó disuadir a las víctimas de presentar o mantener las querellas en su contra mediante la firma de nuevos contratos presuntamente fraudulentos, con el objetivo de evitar enfrentar cargos penales y obstaculizar el proceso judicial.
Te puede interesar: Abogada de víctimas valora accionar del tribunal contra acusado en caso IndisArq