Este domingo, los colombianos acudirán a votar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, de las que saldrá el futuro inquilino de la Casa de Nariño. Las encuestas dan como favorito al candidato del movimiento Defensores de la patria Abelardo de la Espriella, … quien dio la sorpresa en la primera vuelta al imponerse al candidato oficialista, Iván Cepeda, quien parecía imbatible hace un año.
La población elegirá a la persona que deberá afrontar los desafíos más acuciantes del país. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, la seguridad, como ha quedado patente en los últimos meses de campaña, donde se han producido numerosos atentados, con decenas de víctimas civiles, así como ataques a los distintos equipos de campaña. Los grupos criminales no han dejado de crecer en todo el territorio, alimentados por los ingresos del narcotráfico –Colombia sigue siendo el mayor productor del mundo de cocaína-, pero también por otros negocios como la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de migrantes, la apropiación de tierras, la explotación ambiental y la captura de recursos públicos. Economías ilícitas que generan ingresos cercanos a los 149.000 millones de pesos anuales (casi cuarenta millones de euros), una cifra equivalente a casi el doble del presupuesto del sector Defensa para 2026, según recoge el informe ‘Los seis desafíos de seguridad que enfrentará el próximo Gobierno’, publicado esta semana por la Fundación Ideas para la Paz, con el apoyo de la Embajada del Reino Unido en Bogotá.
Según el documento, «Colombia hoy se enfrenta un escenario de seguridad más complejo, fragmentado y desafiante que hace cuatro años». Este empeoramiento no se enmarca ni es consecuencia única de las políticas del Gobierno saliente, de Gustavo Petro. La situación viene deteriorándose de una manera continuada desde poco después de la firma de los Acuerdos de Paz, en 2016, que pusieron fin a 50 años del conflicto armado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Si bien muchos abandonaron la lucha -13.000 integrantes en el caso de las FARC-, otros no lo hicieron y se produjo un proceso de crecimiento y expansión de una serie de grupos disidentes, así como la aparición de otros muchos que quisieron ocupar los territorios abandonados por la guerrilla. «Fue un proceso a largo plazo, que se viene produciendo tras la desmovilización de las FARC, y que tiene que ver con condiciones estructurales en Colombia», explica a ABC María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz. Para la politóloga de la Universidad de los Andes y experta en seguridad, «este crecimiento de los grupos criminales se produce donde ya preexistía la gobernanza de las FARC, regiones donde había muchas oportunidades de economías criminales».
Entre 2017 y 2018 se estimaba que los grupos criminales estaban integrados por 6.600 personas, pertenecientes a las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, las estructuras criminales más importantes en el país. Tras la salida de Iván Duque del poder, en 2022, la cifra había ascendido a entre 12.000 y 12.800 integrantes. «Eso es lo que recibe el gobierno de Petro», señala Llorente. Tras el último recuento oficial, recogido en el informe de la Fundación Ideas para la Paz, esta cifra se elevaría actualmente a más de 27.000 integrantes. Se ha duplicado en los últimos cuatro años. Ni las medidas de mano dura de Duque ni el fracasado plan de Paz total, impulsado por Petro y diseñado por Iván Cepeda, han logrado resultados. Dos estrategias diametralmente opuestas que abanderan ahora el candidato oficialista y el derechista, respectivamente.
En 2018, los grupos criminales tenían 6.600 integrantes; en 2022, eran casi 13.000, y en la actualidad superan los 27.000
El Clan del Golfo
Entre los grandes desafíos, se encuentra el crecimiento y fortalecimiento de uno de los grupos criminales más peligrosos de Colombia, el Clan del Golfo, que surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar, entre 2003 y 2006, de los que salieron más de 30.000 personas. Buena parte de ellas se reagruparon en el Clan y en una treinta de grupúsculos, conocidos como las BACRIM, las bandas criminales emergentes.
Pero de todos ellos, el enemigo número uno es el Clan del Golfo, designado grupo terrorista por EE.UU., con el que el Gobierno de Petro intentó negociar, con Qatar como mediador, y al que Llorente califica de «holding criminal». «Cuenta con 10.000 integrantes: el 40% es la parte armada y el 60% restantes es su red de apoyo, ayuda local. Cuentan con muchos jóvenes porque tienen una gran capacidad de reclutamiento», señala. La expansión territorial y el consiguiente enriquecimiento al tener más acceso a la extracción de recursos, les ha permitido reforzar e, incluso, institucionalizar la organización, pagando nómina a sus miembros, según cada rango, y también la seguridad social. «Mensualmente pagan unos 5.500 millones de pesos (1,2 millones de euros)».
«Cuenta con 10.000 integrantes: el 40% es la parte armada y el 60% restantes es su red de apoyo, ayuda local»
María Victoria Llorente
Directora ejecutiva de la Fundacion ideas para la paz
Buena parte de sus ganancias las ha invertido el Clan en mejorar y modernizar sus estrategias, ampliando su capacidad criminal. Eso ha dejado en evidencia el retroceso en las formas de respuesta del Gobierno colombiano, especialmente en aspectos como el de la inteligencia, en el que Colombia fue referente en las últimas décadas del siglo pasado y primeros años de este, cuando logró desmantelar cárteles con el de Escobar y el de Cali y debilitar a la guerrilla de las FARC.
Pero además del desarrollo de las capacidades, los grupos criminales juegan con un elementó muy importante a su favor: el control de grandes extensiones territoriales, inexpugnables para el Gobierno. «Históricamente el Estado colombiano ha tenido una enorme dificultad para controlar su territorio», señala Llorente, «especialmente en las zonas de frontera, las costas y obviamente en las zonas estratégicas para el flujo de todo tipo de mercancías. Quienes controlan los corredores estratégicos, controlan el negocio de la cocaína», subraya.
El número de desplazados por las disputas territoriales ha sido de casi 100.000, el mayor en los últimos 15 años
Uno de los grandes problemas que destaca el informe de la Fundación Ideas para la paz es el incremento de los territorios en disputa entre los diferentes grupos criminales, que han pasado de «más o menos seis zonas, a principios del Gobierno de Petro a casi 16 zonas de disputa», afirma Llorente. Esto ha provocado un récord en el número de desplazados que huyen de la violencia, que alcanza casi los 100.000. «El año pasado tuvimos una de las cifras más grandes en los últimos 15 años». El 90% de ese desplazamiento se produjo en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde existen enfrentamientos entre el ELN y una de las disidencias de las FARC, «que quiere controlar esa parte de la frontera, que está al lado de una gran zona de producción de coca».
Ni a bala ni negociando
Esta sólida estructura criminal, que no deja de crecer y de evolucionar, se ha convertido en una pesadilla para el Gobierno colombiano. «El problema es que aquí nos estamos enfrentando a sistemas de economía criminal y de gobernanza criminal. Es algo que ya está muy penetrado y compenetrado en la población y con la economía local y nacional. Incluso en algunas zonas controlan la contratación a través de sus redes en las juntas de acción comunal», explica Llorente. «Es un árbol que tiene unas raíces ya muy profundas». Es ahí donde la politóloga encuentra las razones del fracaso de los gobiernos de Duque y Petro, «que no pudieron resolverlo ni a bala ni negociando».
En opinión de Llorente, para mejorar la situación en el país sería preciso una combinación de ambas estrategias: «Se requiere bala, se requiere negociar, se requiere hacer muchas de las cosas que decía el Acuerdo de Paz en estas regiones: tratar de impulsar procesos de desarrollo a partir de la involucración de las comunidades; se requiere cambiar condiciones en estos territorios».
Dos modelos muy diferentes
El encargado de revertir esta situación será quien gane este domingo en las urnas: Cepeda o De la Espriella. Cada uno ha presentado un plan muy diferente para ello. El candidato oficialista seguirá apostando por la negociación e intentando implementar el plan de Paz Total impulsado, sin éxito, por Petro, y diseñado por el propio Cepeda. Consciente de la debilidad del Estado y la falta de oportunidades en las regiones periféricas, entre sus prioridades está fortalecer la prevención, los programas sociales y las capacidades estatales en los territorios. También reforzará la lucha contra la macrocorrupción, el lavado de activos y la captura institucional como dimensiones estructurales del poder criminal.
Por su parte, el candidato derechista, al que ha mostrado su apoyo el presidente Donald Trump -lo que implicará una mayor cooperación en la lucha contra el crimen organizado-, rechaza cualquier tipo de negociación con los grupos criminales e impondrá una estrategia de mano dura, que ha bautizado como el ‘Plan Colombia 2.0’. Se trata de una actualización -con drones e inteligencia artificial- del suscrito por los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton en el año 2000, y que fue desarrollado por el gobierno de Álvaro Uribe.
Admirador confeso del modelo Bukele, entre los puntos del programa de De la Espriella está la ofensiva total contra el narcotráfico, la fumigación de cultivos de uso ilícito (restrigido por la Corte Constitucional), la extinción de dominio exprés (expropiaciones) y el endurecimiento penal. De la Espriella ha anunciado también la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad, similares a la del Cecot en El Salvador.
Llorente no ve factible ninguna de estas dos estrategias desarrolladas de manera aislada. «Lo de la Paz total ya se ha visto cómo ha funcionado. Y lo de la seguridad total ya lo vimos con Duque», admite. La politóloga considera que la única manera de contrarrestar el poder de los grupos criminales es «utilizando la fuerza y la justicia para contenerlos y cambiar el sistema de incentivos. Unos incentivos que los hagan pensar dos veces antes de meterse en esto. Incomodarlos permanentemente», señala. «Pero también se requiere -añade- del proceso largo y tedioso de fortalecer el Estado territorialmente y abrirle espacios a la economía legal».