Por Raúl Germán Bautista.– La Ley 30-26, sobre Medidas Procrecimiento Económico y Mitigación de la Crisis Internacional, establece un régimen de amnistía fiscal con el objetivo de incentivar la regularización voluntaria de obligaciones pendientes y aumentar la recaudación sin recurrir a impuestos generalizados.
La amnistía estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y será aplicada conforme a los procedimientos que establecerá posteriormente la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) mediante una norma general.
La medida permitirá que contribuyentes con deudas determinadas por la Administración Tributaria, actualmente bajo recursos administrativos o judiciales, puedan saldar sus obligaciones mediante el pago del impuesto adeudado y una suma equivalente de hasta un año de intereses indemnizatorios.
Como condición indispensable, los beneficiarios deberán desistir de manera expresa de los recursos interpuestos.
La disposición también favorece a contribuyentes con deudas que ya adquirieron el carácter de cosa irrevocablemente juzgada. En estos casos, podrán ponerse al día mediante el pago del impuesto pendiente más hasta un año de recargos moratorios e intereses indemnizatorios.
Otro grupo beneficiado será el de quienes omitieron presentar declaraciones correspondientes a períodos fiscales no prescritos. Estos contribuyentes podrán acogerse al régimen especial pagando únicamente los impuestos generados por las declaraciones omitidas y una suma limitada a un año de recargos e intereses.
La ley contempla además facilidades para el pago fraccionado de las obligaciones tributarias. La Administración Tributaria podrá autorizar esquemas de pago en cuotas, siempre que el plazo total no exceda los doce meses.
No obstante, los beneficios no serán permanentes. La normativa establece que cualquier incumplimiento de las condiciones pactadas provocará la pérdida automática de las ventajas otorgadas por la amnistía.
Las autoridades consideran que esta medida permitirá recuperar recursos para el Estado, reducir litigios tributarios y ofrecer una segunda oportunidad a miles de contribuyentes afectados por dificultades económicas o conflictos administrativos pendientes.