Sant Domingo. – A menos de dos meses de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, abogados, periodistas y dirigentes políticos han expresado preocupación por el impacto que algunas disposiciones podrían tener sobre la libertad de expresión y el ejercicio de la comunicación en República Dominicana.
Artículos bajo crítica por difamación
Las inquietudes se centran en varios artículos de la Ley 74-25, promulgada el año pasado por el presidente Luis Abinader, que abordan delitos como la difamación, la difusión de imágenes y las ofensas contra funcionarios públicos.
El exdiputado José Horacio Rodríguez afirmó que las disposiciones contenidas en los artículos 192, 208, 209, 310 y 379 podrían modificar la forma en que periodistas y comunicadores ejercen su labor.
«Estos artículos van a generar una reingeniería en la forma de comunicarse en los medios de comunicación», sostuvo.
Algunos juristas consideran que, de entrar en vigor sin modificaciones, la legislación podría incentivar la autocensura por temor a sanciones penales, especialmente en temas relacionados con denuncias y opiniones sobre funcionarios públicos.
Rodríguez también aseguró que durante el proceso de aprobación se advirtió sobre posibles conflictos constitucionales en algunos artículos y criticó que el Poder Ejecutivo no devolviera la pieza al Congreso para su revisión.
«Hay artículos que sancionan a personas por criticar a funcionarios, y eso debió revisarse antes de su promulgación», expresó el exlegislador.
Debate por autocensura y sanciones
Las preocupaciones se producen en un contexto en el que, según se informó, varios comunicadores han sido condenados por difamación en los últimos meses y aún permanecen pendientes otros procesos judiciales relacionados con esta figura legal.
No obstante, otros sectores consideran que el nuevo Código Penal contribuirá a regular los excesos y a establecer mayores responsabilidades en el ejercicio de la comunicación, por lo que defienden su entrada en vigencia.
El nuevo Código Penal comenzará a regir en agosto próximo y, desde ya, mantiene abierto el debate sobre el equilibrio entre la protección del honor y la garantía de la libertad de expresión en el país.