Por FVDigital
Las redadas migratorias vuelven a colocarse en el centro del debate público, no solo por el tema de la presencia de ciudadanos haitianos en condición irregular, sino por una denuncia que se repite en barrios, comunidades y zonas de trabajo: personas aseguran que algunos agentes estarían utilizando los operativos como una vía de cobro informal.
Según esos testimonios, los operativos no siempre tendrían como objetivo principal cumplir con el procedimiento migratorio establecido, sino detener a personas haitianas para luego presuntamente liberarlas a cambio de pagos que, de acuerdo con las denuncias, pueden ir desde RD$10,000 y RD$20,000 hasta RD$30,000.
Una denuncia que exige investigación
El señalamiento es grave porque toca dos temas sensibles al mismo tiempo: la aplicación de la política migratoria y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de ejecutarla. Si los operativos se convierten en una oportunidad para extorsionar, el problema deja de ser únicamente migratorio y pasa a ser un asunto de corrupción, abuso de autoridad y violación de derechos.
La Dirección General de Migración tiene la responsabilidad legal de aplicar las normas migratorias del país. Pero esa facultad debe ejercerse con protocolos claros, supervisión, respeto a la dignidad humana y mecanismos de control interno que impidan que cualquier agente utilice el uniforme para obtener beneficios personales.
¿Control migratorio o negocio informal?
La pregunta que se hacen muchos ciudadanos es directa: ¿se trata de redadas reales o de macuteo? Cuando una persona detenida supuestamente puede recuperar su libertad pagando dinero en efectivo, el mensaje que recibe la población es peligroso: que la ley se aplica con fuerza al vulnerable, pero puede negociarse si aparece el pago.
Ese tipo de práctica, de comprobarse, afectaría también a los propios agentes que cumplen correctamente con su trabajo, porque pone bajo sospecha a toda la institución. Por eso la respuesta no puede limitarse a negar denuncias de manera general. Se necesitan investigaciones internas, canales seguros para denunciar, sanciones ejemplares y transparencia sobre los resultados.
La situación migratoria dominicana es compleja y requiere orden, legalidad y firmeza. Pero firmeza no significa arbitrariedad. Tampoco puede convertirse en una caja chica para agentes sin supervisión. La autoridad se fortalece cuando actúa con reglas claras, no cuando permite que el miedo y la necesidad se conviertan en mercancía.
Derecho a respuesta
Este medio deja abierto el espacio para que la Dirección General de Migración responda a estas denuncias, explique sus protocolos de actuación y detalle qué mecanismos existen para investigar posibles cobros ilegales durante operativos migratorios.
La política migratoria debe ejecutarse dentro de la ley. Si hay agentes cobrando para detener y liberar personas, el país no está frente a un simple exceso operativo, sino frente a una práctica que debe ser investigada y sancionada.
Nota: Este artículo recoge denuncias ciudadanas y plantea la necesidad de investigación institucional. Las acusaciones deben ser verificadas por las autoridades competentes.