Por Paul Félix Arias
El presidente Luis Abinader entra en una etapa especialmente compleja de su gestión. Los próximos dos años no estarán marcados únicamente por la administración interna del poder, sino por una combinación de presiones internacionales, tensiones fiscales, encarecimiento de la energía, desgaste político y expectativas sociales que pueden convertir la segunda mitad de su mandato en un período turbulento.
República Dominicana no vive aislada. Su economía depende del turismo, las remesas, las importaciones de combustibles, la estabilidad de Estados Unidos y la confianza de los mercados. Por eso, cada crisis internacional termina tocando el bolsillo dominicano, aunque ocurra a miles de kilómetros. La guerra en Irán y la inestabilidad en Medio Oriente son hoy una de las mayores amenazas para esa estabilidad.
Irán, petróleo y el costo de vivir en una isla importadora
La principal vía de contagio para República Dominicana es el petróleo. Cuando aumentan las tensiones en Medio Oriente, los mercados reaccionan con temor a interrupciones en el suministro, especialmente por la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz. Ese temor se traduce en volatilidad del crudo, presión sobre los combustibles, mayores costos de transporte y una cadena de aumentos que puede sentirse en alimentos, electricidad, construcción y servicios.
Para un país que importa la mayor parte de la energía que consume, cada subida sostenida del petróleo implica más salida de divisas y mayor presión sobre las finanzas públicas. Diversos análisis económicos han recordado que la factura petrolera dominicana ha representado una porción significativa de las importaciones en los últimos años. En la práctica, eso significa que una crisis externa puede convertirse rápidamente en inflación interna, subsidios más costosos y menos margen para invertir en obras, salud, educación o seguridad.
El Gobierno puede intentar amortiguar el golpe, pero no puede controlar el precio internacional del petróleo. Ahí comienza el dilema político de Abinader: si traslada los aumentos al consumidor, enfrenta malestar social; si los absorbe con subsidios, aumenta la presión fiscal; y si reduce inversiones para compensar, afecta el crecimiento y la percepción de gestión.
Una economía dominicana expuesta a varios frentes
El frente energético no es el único. Una desaceleración en Estados Unidos impactaría el turismo, las remesas y la inversión. Las tasas de interés internacionales condicionan el costo de financiar la deuda pública. La incertidumbre geopolítica encarece seguros, transporte marítimo y materias primas. Además, cualquier debilitamiento del comercio global puede afectar exportaciones, zonas francas y flujo de capitales.
República Dominicana ha mostrado resiliencia en los últimos años, pero esa resiliencia tiene límites. Crecer en medio de una crisis global exige disciplina fiscal, protección social focalizada y una política económica capaz de mantener la confianza sin cargar todo el peso sobre la clase media y los sectores productivos. Esa será una de las pruebas más duras para el Gobierno.
El nuevo paquete fiscal: cirugía o antesala de una reforma mayor
En ese contexto llega el paquete de medidas fiscales presentado por el Gobierno esta semana. La administración lo ha defendido como un conjunto de medidas procrecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal, no como una reforma fiscal completa. Sin embargo, políticamente será leído como una prueba de hasta dónde el Gobierno está dispuesto a apretar en un momento de incertidumbre.
Entre los puntos más relevantes están la intención de recaudar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales, sin tocar el ITBIS ni su base imponible; una sobretasa temporal del Impuesto sobre la Renta empresarial, que elevaría la tasa a 30% durante tres años para grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales; un nuevo tramo para personas físicas con ingresos superiores a RD$400,000 mensuales; el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15% a 0.20%; y nuevos gravámenes o ajustes vinculados a vapeadores, juegos de azar, casinos y boletos aéreos.
El Gobierno también incluye alivios y señales hacia sectores productivos: eliminación o reducción de anticipos para micro y pequeñas empresas, ampliación de facilidades para contribuyentes pequeños, amnistía tributaria, incentivos a la inversión y ajustes en deducciones educativas. La narrativa oficial busca presentar el paquete como equilibrado: más carga para grandes contribuyentes y sectores específicos, menos presión para mipymes y hogares vulnerables.
Pero el riesgo político está ahí. Aunque no se toque el ITBIS, cualquier aumento tributario en un ambiente de precios altos puede ser percibido como una presión adicional. El impuesto a transferencias, por ejemplo, afecta una actividad cotidiana de empresas y ciudadanos. El incremento a boletos aéreos puede generar ruido en un país que depende del turismo y de la diáspora. Y la sobretasa a grandes empresas puede terminar trasladándose parcialmente a precios, inversión o decisiones de empleo, si no se maneja con cuidado.
Los próximos dos años: gobernar entre choques externos y desgaste interno
Abinader llega a esta etapa con una ventaja: mantiene control político, una oposición fragmentada y una imagen de estabilidad institucional superior a la de muchos gobiernos de la región. Pero esa ventaja no lo blinda frente al desgaste. En un segundo mandato, los ciudadanos ya no evalúan promesas, sino resultados. La paciencia social se reduce, los errores pesan más y las medidas impopulares encuentran menos margen de comprensión.
Si la guerra en Irán mantiene altos los precios del petróleo, si la economía global se enfría o si Estados Unidos entra en una fase de menor dinamismo, el Gobierno dominicano tendrá que escoger entre opciones difíciles: sostener subsidios, contener el déficit, proteger el crecimiento, cuidar el tipo de cambio y evitar que la inflación vuelva a golpear los hogares.
El paquete fiscal es apenas el primer capítulo. Si las presiones externas se mantienen, el país podría terminar discutiendo una reforma más amplia, aunque hoy el Gobierno intente evitar esa palabra. La pregunta de fondo es si la administración tiene suficiente capital político para pedir sacrificios sin provocar una reacción social adversa.
La prueba real será la confianza
Los próximos dos años de Abinader dependerán de algo más que números fiscales. Dependerán de confianza. Confianza de los mercados para financiar al país sin castigos excesivos. Confianza de los empresarios para invertir. Confianza de la clase media para aceptar ajustes. Confianza de los sectores populares para creer que no serán los únicos en pagar la factura. Y confianza política para explicar medidas difíciles sin que parezcan improvisadas.
La turbulencia no significa necesariamente fracaso. Puede ser una etapa de decisiones duras que ordenen la economía y preparen al país para resistir mejor los choques externos. Pero si las medidas se perciben como insuficientes, injustas o desconectadas del costo de la vida, el Gobierno enfrentará una combinación peligrosa: presión internacional, tensión fiscal y malestar interno.
Abinader tiene por delante dos años decisivos. La guerra en Irán, la volatilidad petrolera y el nuevo paquete fiscal colocan a su Gobierno ante una realidad incómoda: ya no basta con administrar estabilidad. Ahora tendrá que demostrar que puede sostenerla en medio de una tormenta.
Fuentes consultadas: reportes públicos sobre el paquete fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda y Economía, publicaciones de Acento, Prensa Latina e Infobae, datos económicos citados por el Banco Central y reportes internacionales sobre volatilidad petrolera vinculada a la crisis en Irán y Medio Oriente.
Foto de portada sugerida: Palacio Nacional de la República Dominicana. Fuente: Wikimedia Commons.