La Delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador ha mostrado su preocupación por la muerte de la activista polaca, Mónica Silva Koniuszek, afincada en el país, quien había denunciado casos de presunta corrupción en la provincia costera de Santa Elena, y pidió una investigación … rápida e independiente. El fallecimiento de Silva ha causado conmoción en el país y, en especial, en la localidad en la que vivía.
En un comunicado, la UE expresó su profunda preocupación por la muerte de la ciudadana europea y activista contra la corrupción, Mónica Silva, de 41 años y presidenta de la Fundación La Integridad, a la vez que reiteró la importancia de proteger a los defensores de los Derechos Humanos, periodistas y activistas de la sociedad civil, así como garantizar un entorno seguro para el ejercicio del espacio cívico en Ecuador.
El cuerpo de la activista fue encontrado el lunes en su vivienda en la localidad de Montañita, en la provincia de Santa Elena, causando enorme consternación pues se la conocía por denunciar casos de presunta corrupción que tocaba a autoridades locales, en las que evidenciaba nepotismo en varias instituciones del Estado, al igual que tráfico de tierras y lavado de activos. Deja en la orfandad a dos pequeñas niñas. Hace poco, ella reveló haber entregado a la Embajada de Estados Unidos información sobre temas delicados que involucran a personajes de la vida pública.
Una de las denuncias que mayor repercusión tuvo salpicó al alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, por permitir la venta de 93 hectáreas de terrenos municipales para un proyecto inmobiliario. Se destapó en enero pasado y causó conmoción en la sociedad. La transacción había sido hecha a nombre de una joven de 23 años, que luego se supo trabajaba en un restaurante y era de origen humilde y no tenía dinero para adquirir esos bienes, sino que su nombre fue utilizado. Se habló de posibles vínculos con la entonces secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert. El Municipio terminó anulando la transacción.
Otra denuncia que tuvo eco se refería a irregularidades en la venta de 700 hectáreas de tierras municipales durante la administración del exalcalde de Santa Elena, Otto Vera, actual legislador por el Partido Social Cristiano, aunque él negó todo. Silva Koniuszek presentó pruebas en la Asamblea Nacional, pero no tuvo respuesta alguna. En marzo pasado advirtió de un plan para atentar contra su vida y denunció que estaba siguiendo vigilada.
Por estas y otras denuncias, la Fundación para el Estudio de Medios (Fundamedios) no descarta que su muerte tenga que ver con su labor activa de denuncia ciudadana, por lo que pidió una acción urgente de la Fiscalía General del Estado, para que agote todas las líneas de investigación. La muerte de una activista que durante años denunció posibles actos de corrupción y ejerció control ciudadano sobre asuntos de interés público exige una respuesta institucional rigurosa y oportuna, dijo la organización.
Este martes, decenas de personas participaron de un plantón con velas en la localidad de Manglaralto, para exigir justicia por Mónica Silva Koniuszek activista anticorrupción. Con velas y cánticos exigieron la verdad.
Apenas en noviembre pasado, el comunicador ciudadano Robison del Pezo Cañarte, que también había denunciado tráfico de tierras en la misma provincia fue asesinado a tiros en el cantón La Libertad. Había mostrado pruebas de contratos públicos y hasta la utilización de habeas data para desaparecer catastros. Junto con Mónica Silva hicieron algunas denuncias conjuntas.
Aunque todavía no se conocen los resultados de la autopsia, la ciudadanía no da crédito a una versión del ministro del Interior, Johon Reimberg, hecha apenas se conoció la muerte de que se trataría de un suicidio. Algunos abogados coincidieron también en subrayar que, de acuerdo con el art. 195 de la Constitución, la investigación penal la dirige la Fiscalía y no el Ministerio del Interior.