Lyhanna Rameau tenía 11 años. Vivía en la localidad francesa de Fleurance (Gers, al suroeste del país). El pasado 29 de mayo desapareció a la salida del colegio. Fue vista por última vez subiendo al coche de Jérôme Barella, el padre de una de sus amigas. Unos días después, el jueves 4, fue encontrado el cuerpo sin vida de la niña.
El caso ha conmocionado a toda Francia por las sospechas de negligencia en la gestión del historial del presunto secuestrador. El principal sospechoso de la muerte de la pequeña acumulaba múltiples denuncias previas por violación y agresiones sexuales a menores. El país se pregunta por la imperdonable ineficacia de la justicia francesa en la prevención de los delitos sexuales contra menores.
Tras desaparecer durante seis días, el cadáver de Lyhanna fue hallado en un silo de grano abandonado. Al día siguiente, el presidente Emmanuel Macron reconoció “fallos” en el sistema judicial. El caso de esta niña evidencia graves desajustes en la protección de los menores y en la escucha de las víctimas más vulnerables.
Barella, de 41 años y padre de dos hijos, es el principal sospechoso. Se trata de un hombre con varias acusaciones por agresiones sexuales a menores. Actualmente se encuentra en prisión preventiva por secuestro y privación de libertad. Con ese historial, la muerte de Lyhanna ha reabierto el debate sobre la gestión de las denuncias previas, porque pese a ellas el hombre no fue interrogado ni puesto bajo custodia policial.
Las denuncias previas al presunto asesino
- La semana pasada, el fiscal Clemence Meyer enumeró las denuncias previas contra Jérôme Barella, presunto asesino de Lyhanna Rameau. En diciembre de 2017, una madre denunció que su hija de 17 años mantenía una relación con este hombre. El caso se archivó en 2018 después de que la joven declarara consentimiento. En enero de 2022, una denuncia lo acusó de violar a una menor de 15 años en 2020. El caso se desestimó en 2024 por falta de pruebas. En un tercer caso, el 22 de agosto de 2025, la madre de una niña acusó a Barella de violar a su hija entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 en su domicilio.
Manifestaciones y anuncio de una legislación específica
Con tanta rabia como dolor, el pasado domingo, una multitudinaria marcha congregó en Fleurance a 6.000 personas. Iban tras una pancarta blanca con dos fotografías de una sonriente Lyhanna y el lema: “¡Nunca más esto! Te queremos. Te echamos de menos”.
“Lyhanna, perdón, perdón por lo que viviste. Te queremos tanto”, manifestaron los padres de la niña asesinada en un mensaje leído por una tía de la pequeña. “Nadie está preparado para vivir una desaparición tan brutal (…) Todo nuestro pequeño mundo se ha derrumbado”, declararon.
Es un fallo grave y una enorme negligencia por parte de las autoridades públicas”
Eso fue el domingo. Este martes, la madre de una menor que había presentado una denuncia por violación contra Barella, ha anunciado que presentará una demanda contra el Estado francés por “falta grave”, según anunció su abogado. Considera que la justicia actuó con una lentitud injustificable en la tramitación del caso.
Una muerte trágica, una enorme negligencia
El exprimer ministro y candidato a la Presidencia de Francia, Gabrielle Attal, se sumó a los cuestionamientos al señalar que lo ocurrido “pone en tela de juicio” todo el sistema judicial francés. “La trágica muerte de Lyhanna es insoportable…. La investigación administrativa debe esclarecer por completo las deficiencias que condujeron a esta tragedia. Y deben implementarse cambios, necesariamente radicales”, escribió Attal en redes sociales.
El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, reconoció el domingo que estábamos ante “un fallo grave y una enorme negligencia por parte de las autoridades públicas”. Al día siguiente, asociaciones feministas y de protección infantil concentraron a miles de personas frente a los juzgados de decenas de ciudades francesas, reclamando una legislación específica para combatir las agresiones sexuales contra mujeres y niños.
Eso, una legislación específica, es lo que anuncia el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que este martes reunió a los ministros de Justicia, Interior, Educación y Sanidad para ver cómo reforzar la protección de los menores y mejorar la respuesta frente a las violencias sexuales. Lecornu confirmó que un proyecto de ley será remitido al Consejo de Estado “en los próximos días”. Incluirá, dijo, disposiciones complementarias al proyecto de ley sobre protección de la infancia actualmente en preparación.
En el caso específico de Lyhanna, no se trata de una cuestión de recursos”
Los números de un sistema saturado
- Las denuncias por delitos de agresión o violación en Francia han aumentado más de un 200% entre 2016 y 2024. Según datos del Ministerio de Justicia, hay tres millones de denuncias a la espera de ser examinadas en las comisarías. De todas ellas, 70.000 son por violación o agresiones sexuales.
Lecornu ha propuesto endurecer las penas contra los violadores reincidentes hasta cadena perpetua, en lugar de los 20 años de prisión previstos actualmente, informó su gabinete tras la reunión. Al término del encuentro, en el que participaron cinco ministros, incluidos los de Justicia e Interior, Lecornu también planteó acelerar los procedimientos judiciales en los casos de crímenes contra menores. Según su propuesta, la investigación deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses.
El ministro de Justicia señala a los magistrados
De momento, Gérald Darmanin, ministro de Justicia, ha ordenado una revisión de todas las denuncias que involucren a menores antes del 14 de julio. Son aproximadamente unos 70.000 expedientes.
Darmanin se ha dirigido a magistrados y fiscales. A estos últimos les ha pedido esa revisión de las denuncias, priorizando los casos en los que las víctimas son menores de edad. A los magistrados, que reconozcan las deficiencias “cuando existieran”. Se trata, según el ministro, de determinar si el caso Lyhanna constituye un caso aislado o si se trata de un problema estructural.
Se trata más bien de lentitud y falta de priorización… ha habido un grave fallo en el sistema”
Muchos de los aludidos estarían pensando que tal vez el ministro también tenga su responsabilidad. A principios de año, Darmanin sacó adelante un plan de justicia penal con el que anunció que iba a “reducir a la mitad la acumulación de casos”. Pero su plan para reducir la carga de los juzgados de Francia muestra, a la luz del caso de Lyhanna, que el sistema judicial está superado.
Pero el ministro de justicia parece señalar la responsabilidad de los magistrados. “En el caso específico de Lyhanna, no se trata de una cuestión de recursos“, afirmó Darmanin. Con Macron de presidente de la República, el presupuesto de este ministerio ha pasado de 8.100 millones en 2017 a casi 13.000 en 2026.
Los magistrados rechazan ser “señalados”
“No es la falta de recursos lo que impidió tomar decisiones en este caso concreto. La fiscalía de Auch recibió recursos adicionales el pasado septiembre… Se trata más bien de esta lentitud y la falta de priorización”, añadió. “La información que recibo me lleva a creer que ha habido un grave fallo en el sistema de justicia pública“, aseguró.
Es inaceptable que los magistrados sean objeto de escarnio público y amenazas”
Jueces y fiscales se sienten, eso, señalados. El presidente del Sindicato de Magistrados (USM), el mayoritario, acusa a Darmanin de haber “designado ya a los responsables y anunciado sanciones disciplinarias” antes del inicio de la investigación de la Inspección General de Justicia. Es “inaceptable” que los magistrados “sean señalados y objeto de escarnio público y amenazas”, antes de que se conozcan los resultados de la investigación, escribió el presidente del USM, en una carta dirigida al ministro de Justicia.
El fiscal jefe del Tribunal Supremo, Rémy Heitz, reconoce que existió “un fracaso” en el tratamiento judicial del caso. Heitz reclamó una revisión exhaustiva de los procedimientos para evitar que una situación similar vuelva a producirse (que es lo que ha anunciado el ministro de Justicia).