La Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido (NAO, por sus siglas en inglés) ha sacado a la luz nuevos detalles sobre la situación patrimonial del expríncipe Andrés. Un informe oficial publicado este viernes revela que el hermano de Carlos III obtuvo ingresos privados … mediante el subarriendo de varias viviendas situadas dentro de la finca de Royal Lodge, en Windsor, una residencia que él mismo ocupaba bajo unas condiciones de arrendamiento extraordinariamente favorables.
La investigación confirma que Andrés, identificado oficialmente en el documento como Andrew Mountbatten-Windsor, percibió rentas procedentes de tres viviendas ubicadas en los terrenos de Royal Lodge gracias a una cláusula de su contrato que le permitía subarrendarlas a terceros. Los ingresos derivados de esos alquileres fueron abonados directamente al propio Andrés y no al Crown Estate, la entidad pública encargada de gestionar una parte sustancial del patrimonio inmobiliario de la Corona británica.
La auditoría no cuestiona la legalidad de la operación ni su adecuación a los términos del contrato. Sin embargo, la revelación resulta especialmente sensible porque se produce después de años de controversia sobre las condiciones de ocupación de Royal Lodge, una mansión histórica situada en Windsor Great Park que el duque de York ocupó durante más de 20 años.
El informe constituye la primera revisión exhaustiva de las residencias reales llevada a cabo por la Oficina Nacional de Auditoría en dos décadas y ha sido elaborado tras la creciente preocupación política y mediática por la falta de transparencia en determinados acuerdos inmobiliarios relacionados con la familia real.
La documentación examinada por los auditores muestra que Andrés firmó en 2003 un contrato de arrendamiento de 75 años sobre Royal Lodge. Como parte del acuerdo, asumió importantes costes de rehabilitación del inmueble, valorados en aproximadamente 7,5 millones de libras (8,6 millones de euros), y quedó sujeto a una denominada «peppercorn rent», una figura jurídica tradicional del derecho británico que equivale a una renta meramente simbólica.
Fue precisamente la existencia de ese régimen excepcional la que provocó una fuerte polémica durante los últimos años, especialmente después de que Andrés dejara de desempeñar funciones oficiales en representación de la Corona a raíz del escándalo derivado de su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Alquilar parte de las propiedades
La auditoría confirma ahora que, además de disfrutar de ese acuerdo favorable para la ocupación de la residencia principal, el duque de York también se benefició de la posibilidad de alquilar parte de las propiedades existentes dentro de la finca.
Según el informe, subarrendó tres de las ocho viviendas auxiliares existentes en los terrenos de Royal Lodge. Aunque el documento no detalla quiénes fueron todos los inquilinos, fuentes cercanas a la Casa Real citadas por la prensa local sostienen que algunas de esas viviendas estaban ocupadas por empleados o antiguos empleados vinculados a la propiedad.
La auditoría oficial no ha podido establecer cuánto dinero recibió Andrés a través de los subarriendos
La NAO reconoce, sin embargo, que no ha podido determinar ni la cuantía de los ingresos obtenidos ni la duración exacta de los contratos de alquiler. Tampoco existía ninguna obligación contractual que exigiera informar al Crown Estate sobre esas rentas.
Esa ausencia de información ha provocado críticas entre algunos responsables políticos. Margaret Hodge, expresidenta de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, afirmó que resulta «impactante» que una auditoría oficial no hubiera podido establecer cuánto dinero recibió Andrés a través de los subarriendos. Según Hodge, el hecho de que los ingresos procedieran de propiedades vinculadas al patrimonio de la Corona hace aún más relevante la necesidad de transparencia.
Alojamiento de las princesas
La situación de Royal Lodge ocupa una parte importante del documento, pero no es el único asunto que ha llamado la atención de los auditores. La investigación también analiza las condiciones de alojamiento de las princesas Beatriz y Eugenia, hijas de Andrés y Sarah Ferguson. Ambas disponen de residencias dentro de complejos palaciegos gestionados por la Casa Real, aunque no desempeñan funciones oficiales.
Según la auditoría, Beatriz ocupa una vivienda en el Palacio de St mientras que Eugenia reside en una propiedad dentro del Palacio de Kensington, ambos ubicados en Londres. Los alquileres correspondientes no son abonados por las princesas, sino por Carlos III a través del Privy Purse, el patrimonio privado del monarca alimentado principalmente por los ingresos del Ducado de Lancaster.
La NAO constató además que las rentas aplicadas se sitúan por debajo del valor de mercado. En el caso de Eugenia, el alquiler representaba inicialmente el 50% del valor de mercado calculado en 2018 antes de incrementarse gradualmente hasta alcanzar el 64% de la valoración en 2026. Para Beatriz, la renta pasó del 60% al 68% del valor estimado de mercado durante el mismo periodo.
Un portavoz del Palacio de Buckingham afirmó que la auditoría se ajusta al compromiso de transparencia de la Casa Real y expresó su confianza en que los datos publicados permitan «corregir, aclarar o contextualizar» diversos aspectos relacionados con las propiedades reales