El Senado de Estados Unidos ha impulsado por fin una ley para financiar dos cuerpos de seguridad esenciales para hacer cumplir la ley migratoria: la Policía migratoria y de aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, convertidos ambos en el símbolo … de la mano dura en política migratoria de Donald Trump.
Se trata de una partida de 70.000 millones de dólares (60.000 millones de euros), que financiará las actividades de ambas agencias en los casi tres años de mandato que le quedan al presidente de EE.UU.
La medida salió adelante en la Cámara Alta en la madrugada de este viernes, con 52 votos a favor (todos los senadores republicanos, excepto la díscola Lisa Murkowski) y 47 en contra (todos los demócratas excepto el ausente Michael Bennet). La ley pasará la semana que viene a la Cámara de Representantes, donde se espera que salga adelante.
La financiación de ICE y de la Patrulla Fronteriza ha sido un calvario para Trump y los republicanos. Su génesis es la crisis de Mineápolis, el despliegue masivo de agentes federales para redadas contra inmigrantes indocumentados, ensombrecidas por acusaciones de detenciones indiscriminadas –incluso de ciudadanos estadounidenses– y, sobre todo, por la muerte de dos vecinos a manos de las fuerzas federales. Aquello provocó que los demócratas bloquearan la financiación de ICE y de la Patrulla Fronteriza hasta que no hubiera cambios estructurales.
Los republicanos consiguieron evitar el bloqueo con un procedimiento legislativo alternativo, pero las partidas encontraron después oposición interna, provocada por el propio Trump. La Casa Blanca quiso incluir en la financiación asuntos prioritarios para el magnate neoyorquino: mil millones de dólares (868 millones de euros) para su salón de fiestas en el Ala Este de la Casa Blanca y la creación de un fondo de compensación judicial de 1.776 millones de dólares (1.542 millones de euros), que apuntaba a poner dinero en el bolsillo de sus seguidores, como los implicados en el asalto al Capitolio.
Todo esto fue demasiado para algunos republicanos, y la votación se descarriló. La Casa Blanca dio marcha atrás en ambas exigencias y ahora sí ha salido adelante. Pero con suspense, porque algunos senadores republicanos exigían garantías de que ese fondo no solo se suspenda, sino se elimine de forma definitiva. Esas garantías, finalmente, no se han conseguido.
Suspensión de peticiones migratorias
Frente a esta victoria legislativa de Trump, los tribunales dieron un revés a su política migratoria. Un juez federal ha tumbado las medidas que su Administración impuso tras el ataque a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington a finales del año pasado: los inmigrantes de 39 países de África, Asia, Hispanoamérica y Oriente Próximo fueron «apartados categóricamente» de recibir decisiones finales sobre sus procesos migratorios, desde peticiones de asilo, a trámites de permisos de trabajo, residencia o solicitud de ciudadanía.
La decisión critica que se dejara a estas personas en un «limbo legal indeterminado» y que la Casa Blanca actuó con una justificación de «seguridad nacional» para, en realidad, «enmascarar un sentimiento anti-inmigrante».