Tiró de orejas de Bruselas a Red Eléctrica y por ende a España: debe abandonar cuanto antes el modo de operación reforzada de su red. Este régimen especial, que inicialmente se concibió como una medida preventiva para garantizar la seguridad del suministro, se ha convertido en un elemento estructural con un impacto económico creciente. Según las fuentes, el Ejecutivo comunitario insta a avanzar hacia un modelo más eficiente que no dependa de estas medidas excepcionales, según recogió esta semana en las recomendaciones para el país en el Semestre Europeo.
El núcleo del problema reside, explica la Comisión, en que este modo de operación obliga al sistema a recurrir de forma intensiva a las centrales de ciclo combinado para mantener la estabilidad de la tensión eléctrica. Bruselas considera que España debe dar pasos firmes para que el operador del sistema deje de depender del uso de estas tecnologías fósiles como respaldo principal. El objetivo es transitar hacia una red apoyada en una mayor capacidad de infraestructura y almacenamiento energético que reduzca la huella de carbono.
Es más, el sistema actual no es rentable, y según los cálculos de Bruselas se ha dado ya un sobrecoste de 2.300 millones de euros en lo que va de año. Este gasto extraordinario, asociado al mantenimiento de la operación reforzada, es visto por el sector como una carga que penaliza la competitividad, insisten en el informe. Por ello, las empresas eléctricas reclaman una hoja de ruta clara que ponga fin a este régimen operativo para evitar facturas millonarias que repercuten en el sistema.
La preocupación de la Comisión se basa en experiencias pasadas y tiene un precedente más que relevante: el apagón del 28 de abril del año pasado. Aunque España ha adoptado medidas tras el informe de ENTSO-E sobre dicho incidente, Bruselas incide en que estas actuaciones no son suficientes para superar el actual esquema de operación. El diagnóstico europeo vincula directamente la vulnerabilidad del sistema con una insuficiente capacidad estructural de red y almacenamiento frente al despliegue de las renovables.
En cuanto a las metas de almacenamiento, la situación es crítica, ya que España se encuentra todavía lejos de los objetivos fijados en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). A comienzos de 2026, el país cuenta con unos 8,15 gigavatios (GW) de almacenamiento, una cifra muy distante de los 22,5 GW marcados como meta para el año 2030. Esta brecha evidencia que, aunque ha habido avances en la planificación, el progreso real sigue siendo calificado como limitado por el Ejecutivo comunitario.
Otro obstáculo identificado es la congestión de la red eléctrica y los retrasos en las conexiones, que están actuando como un cuello de botella para la transición energética. La rápida expansión de la generación renovable ha superado la capacidad de transporte disponible, lo que frena el desarrollo de nuevos proyectos industriales limpios. Bruselas insiste en que aumentar la inversión en redes de transmisión y distribución es esencial para reforzar la soberanía energética y la resiliencia económica.
La fiscalidad energética también forma parte del análisis, señalando que los bajos precios de la electricidad por las renovables no llegan plenamente al consumidor. Esto se debe, en parte, al aumento de impuestos y tasas que encarecen la electricidad en comparación con el gas. Esta distorsión fiscal es preocupante porque desincentiva la electrificación y reduce la rentabilidad de los procesos de descarbonización que la UE busca acelerar.
Ante este escenario, la patronal eléctrica ha presentado propuestas para mitigar el impacto, incluyendo una mayor transparencia en la publicación de los costes del sistema. Proponen que se fije un calendario definitivo para el fin de la operación reforzada y que se evalúen soluciones regulatorias que no penalicen a la industria. La transparencia es vista como un paso necesario para que todos los actores comprendan la magnitud de los gastos operativos actuales.
Asimismo, el sector reclama una reforma fiscal permanente que elimine tributos como el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. Argumentan que es fundamental alinear las decisiones operativas con los objetivos de competitividad y descarbonización para evitar costes artificiales. Eliminar estas cargas permitiría que el precio final de la energía refleje mejor la eficiencia de la generación renovable en España, concluye Bruselas, que pide a los Estados miembros que aceleren las medidas en favor “de la sostenibilidad” y para proteger a los consumidores.