Salarios que alcanzan casi medio millón de pesos mensuales, una nómina que supera los RD$121 millones cada mes, dificultades para acceder a información financiera, observaciones contenidas en auditorías externas, cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y denuncias relacionadas con mecanismos de cobro utilizados por prestamistas informales han colocado a la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) en el centro del debate sobre la transparencia y el uso de los recursos aportados por cientos de miles de docentes y empleados públicos.
Los hallazgos fueron presentados por el programa N Investiga, que examinó documentos internos, auditorías, nóminas y testimonios de socios de la cooperativa, una institución creada en 1971 para promover el bienestar económico del magisterio dominicano y que actualmente agrupa a más de 200 mil asociados en todo el país.
La investigación expone una estructura administrativa cuyos costos salariales han generado preocupación entre algunos socios, quienes consideran que la cooperativa se ha alejado de los principios de solidaridad y beneficio colectivo que dieron origen al movimiento cooperativista.
Según datos oficiales analizados por el programa, COOPNAMA registró ingresos por más de RD$12,801 millones durante 2024, superando los RD$11,598 millones obtenidos en 2023. Por su tamaño y volumen de recursos, la entidad figura entre las organizaciones cooperativas más poderosas de República Dominicana y administraría activos comparables a los de algunas de las principales entidades financieras del país.
Sin embargo, parte de los cuestionamientos se concentran en su estructura salarial.
Las nóminas obtenidas por N Investiga, correspondientes al año 2022, muestran que varios asesores percibían salarios superiores a los RD$300 mil mensuales. Entre ellos figuran José Ramón Jara Mancebo con RD$321,580; Carlos Ignacio Benítez Pérez con RD$465,923; Julito Fulcar Encarnación, actual senador por Peravia, con RD$303,111; y José Francelin Almonte con RD$405,358.
Solo la nómina de 43 asesores representa más de RD$5 millones mensuales.
Las remuneraciones elevadas también alcanzan posiciones gerenciales. Rosa Ana Soto de Fulcar figura con un salario cercano a los RD$496 mil mensuales como gerente de servicios. Ubaldo Antonio León Aybar aparece con RD$465,914; Kenedy García Álvarez con RD$461,912; y Ramona Altagracia Cruz Cuevas con RD$448,240.
La revisión documental realizada por N Investiga también identificó salarios superiores a los RD$100 mil mensuales en algunas posiciones operativas. Entre ellos figura Juan Feliz Alcántara, auxiliar de mantenimiento, con RD$132,976, y Asunción Flores Ortiz, secretaria recepcionista, con RD$112,767.
Puedes leer: Tribunal ordena a COOPNAMA entregar información institucional tras acción de hábeas data
Incluso mensajeros de la institución devengaban entre RD$70 mil y RD$88 mil mensuales, mientras auxiliares de limpieza percibían entre RD$56 mil y RD$59 mil pesos.
En conjunto, la nómina de la cooperativa alcanza aproximadamente RD$121 millones mensuales, una cifra que supera ampliamente la de varias instituciones públicas de carácter técnico y regulatorio.
La expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera, consideró que las escalas salariales deben ser revisadas debido a la brecha existente entre los ingresos de muchos funcionarios de la cooperativa y los salarios de los docentes que sostienen la institución con sus aportes.
Otro de los temas que genera controversia es el acceso a la información financiera.
La investigación recoge el caso del comunicador y maestro Dary Terrero, quien llevó a los tribunales una solicitud para obtener auditorías, estados financieros y nóminas de la cooperativa. Según explicó, pese a ser socio de la entidad, no recibió respuesta a sus requerimientos.
Posteriormente obtuvo una sentencia favorable que ordenó la entrega de los documentos solicitados. Sin embargo, la decisión fue recurrida por COOPNAMA ante el Tribunal Constitucional, donde el caso continúa pendiente.
Las auditorías externas también han generado interrogantes. Una revisión correspondiente al año 2023 señala que no fue posible verificar el cien por ciento de los fondos destinados al pago de personal administrativo, uno de los principales renglones de gasto de la institución.
Los cuestionamientos alcanzan además algunos de los servicios ofrecidos por la cooperativa.
Comparaciones realizadas durante la investigación muestran diferencias significativas entre los precios de productos comercializados en las tiendas de COOPNAMA y artículos similares disponibles en establecimientos privados.
Entre los casos citados figura una nevera de 12 pies cúbicos ofertada en RD$42,500, mientras productos similares podían encontrarse por aproximadamente RD$15,496 en otros comercios. También fueron identificadas diferencias importantes en estufas y hornos microondas.
La investigación también analizó la situación del hotel Coop Marena Beach Resort, ubicado en Juan Dolio y propiedad de la cooperativa. Algunos socios cuestionan que los maestros deban asumir cargos adicionales cuando financian sus estadías, pese a tratarse de una instalación que pertenece a la propia entidad.
Otro de los hallazgos expuestos corresponde a un aporte de RD$80 millones realizado por COOPNAMA a COOPSEGUROS durante febrero de este año.
La operación se produjo apenas semanas después de que Eston Arnulfo Fulcar Aybar fuera designado gerente general de esa entidad. El funcionario es hijo de Julito Fulcar Encarnación, quien figura como asesor de COOPNAMA desde 2017.
Aunque no existe evidencia pública de ilegalidad, la coincidencia temporal entre ambos acontecimientos ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la independencia de ciertas decisiones administrativas.
La investigación también aborda denuncias relacionadas con prestamistas informales que operan alrededor de los mecanismos de oposición de cobro utilizados por algunos maestros y jubilados.
Entre los testimonios presentados figura el de Norma Castillo, una maestra jubilada que asegura haber solicitado RD$100 mil prestados para enfrentar una emergencia familiar y que posteriormente quedó sometida a un proceso de cobro que derivó en acciones legales.
Especialistas consultados durante el reportaje advirtieron que cuando instituciones aceptan oposiciones derivadas de acuerdos considerados abusivos pueden surgir preocupaciones sobre una eventual legitimación indirecta de prácticas asociadas a la usura.
Las revelaciones también vuelven la atención hacia el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), organismo responsable de supervisar el sistema cooperativo nacional. Entre los documentos examinados figura una comunicación enviada por la presidenta administradora de la entidad, Maritza López Ortiz, solicitando apoyo económico a cooperativas para realizar mejoras en oficinas del organismo, una situación que expertos consideran potencialmente incompatible con la independencia que debe caracterizar a un ente fiscalizador.
Más de cinco décadas después de su creación, COOPNAMA enfrenta crecientes cuestionamientos sobre el manejo de recursos que pertenecen a más de 200 mil socios. Mientras continúan las demandas de mayor transparencia, acceso a información financiera y supervisión efectiva, persisten las interrogantes sobre si la institución continúa respondiendo a los principios cooperativistas que justificaron su nacimiento o si ha evolucionado hacia una estructura cada vez más alejada de los intereses de quienes la financian.