Un bloque de destacadas organizaciones legales demandaron al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el viernes en la noche debido a las condiciones inhumanas en Camp East Montana, un gran campamento de tiendas de campaña para la detención de migrantes en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas.
La demanda y la moción para la certificación de demanda colectiva se presentaron en nombre de cuatro personas que buscan representar a todo el grupo de detenidos en Camp East Montana, siendo la primera demanda contra el centro de detención migratoria más grande de Estados Unidos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Texas, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, Human Rights Watch y la firma de abogados Farella Braun + Martel LLP documentaron en su presentación relatos de violaciones horribles a los derechos humanos, que incluyen lo siguiente:
• Negligencia médica grave y brotes de enfermedades, incluido un brote de sarampión de varios meses que infectó al menos a 14 personas.
• Uso violento de la fuerza por parte de los oficiales contra los inmigrantes detenidos y amenazas coercitivas de deportación.
• Uso excesivo y arbitrario del aislamiento solitario para castigar a las personas por solicitar necesidades básicas como atención médica o higiene.
• Comida inadecuada y rancia que provocó que las personas detenidas pierdan cantidades extremas de peso.
• Exposición a tormentas de polvo a través de aberturas en las paredes de las tiendas, lo que somete a las personas a enfermedades respiratorias.
• Condiciones de vida peligrosas e insalubres en el campamento de tiendas, entre otras violaciones de derechos.
Dicha demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas y pide a la corte que determine que las condiciones en Camp East Montana violan el derecho al debido proceso de la Quinta Enmienda de las personas detenidas y la Ley de Procedimiento Administrativo.
“He vivido los peores días y meses de mi vida aquí en la detención de ICE en Fort Bliss, en El Paso”, manifestó Erik Iván Rodríguez, uno de los demandantes nombrados en la acción legal.
“Esta demanda es muy importante para mí y para todas las personas que están detenidas aquí sufriendo. Hay mucha gente buena aquí que solo buscaba un futuro mejor. Tuve que dejar atrás a mi familia y a mi país porque el gobierno era muy malo. A veces, tristemente, pienso que estas personas en el poder en este país son igual de malas. He sufrido mucho durante mi tiempo aquí, incluyendo violencia física cuando los oficiales intentaron obligarme a firmar papeles de deportación“.
La reclamación surge luego de que varias de las mismas organizaciones legales —junto con la ACLU de Nuevo México, Estrella del Paso, Human Rights Watch, el Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas y el Centro de Leyes para Inmigrantes de Nuevo México— enviaran una carta en diciembre de 2025 y otra en mayo de 2026 al gobierno federal detallando entrevistas con docenas de personas detenidas en Camp East Montana.
Estas personas explicaron a los abogados que los oficiales han mantenido un patrón y una práctica generalizada e irrazonable de uso excesivo de la fuerza, negligencia médica y obligación de soportar condiciones de vida deshumanizantes. En menos de un año desde la apertura de las instalaciones, se registraron tres muertes, incluida la de un hombre que fue golpeado hasta la muerte por los guardias tras pedir su inhalador.
“Las condiciones aquí, en este campamento de tiendas de ICE en el desierto, son inhumanas y crueles. Ningún ser humano debería pasar por esto jamás”, añadió Gerald Akari Angye, también demandante nombrado.
“Ya viví la tortura en mi país de origen, Camerún, y nunca pensé que experimentaría un trato tan severamente violento por parte de los guardias aquí en los Estados Unidos de América. Me han golpeado aquí y, aún hoy, tengo que usar una férula en las manos y la muñeca. Tengo dolor y tengo miedo de estar aquí. Nadie merece un trato tan cruel. Todos somos humanos y merecemos ser tratados como tales”.
El gobierno republicano del presidente Donald Trump abrió apresuradamente el extenso campamento de tiendas en agosto de 2025, a pesar de las advertencias de miembros del Congreso y defensores de los derechos humanos de que la instalación sería un desastre humanitario. El recinto está ubicado en la base militar que antes se usó para internar a personas de ascendencia japonesa en la Segunda Guerra Mundial y tiene capacidad para albergar hasta 5,000 personas, lo que lo convierte en el centro de detención migratoria más grande del país.
“Las personas detenidas aquí en Camp East Montana merecen un trato humano. Siento que somos solo peones políticos a los que alejaron de sus trabajos y familias para obligarlos a entrar en una tienda temporal que no está diseñada para la vida humana”, expresó Navdeep, otro de los demandantes.
“Podríamos morir aquí y parece que a nadie le importaría. Con todo lo que pasa a puerta cerrada, me preocupa que quienes dirigen este lugar oculten la verdad sobre una muerte u otras injusticias que ocurren aquí. Es importante que la gente sepa la verdad de lo que está pasando. Ser parte de esta demanda es importante para mí porque muchas personas son vulnerables o se debilitan por las condiciones de este sitio. Aunque vengamos de muchos lugares diferentes, todos somos humanos. Quiero ser la voz de todos los que están aquí”.
“Este lugar desgasta a la gente incluso después de un par de días, y yo ya llevo aquí más de ocho meses”, agregó ZOR, un demandante que utiliza un seudónimo para proteger su privacidad.
“La forma en que se maneja este lugar es de total ilegalidad. Las personas que deberían defender la ley la están ignorando. Lo más triste es ver cómo se separan las familias. Soy uno de los muchos padres aquí que se están perdiendo ver crecer a sus hijos. Mi mayor dolor es que mis hijos pequeños también están sufriendo por mi ausencia en sus vidas. Quiero ser parte de esta demanda porque quiero un mundo mejor para que vivan mis hijos, uno que no trate a ninguna persona de la forma en que nos han tratado a los que estamos aquí”.
Declaraciones adicionales de los abogados copatrocinadores
“Camp East Montana es nada menos que una catástrofe para los derechos civiles”, aseguró Kyle Virgien, abogado principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU. “Desde el día en que abrió, la instalación ha ocupado repetidamente los titulares por horribles violaciones de derechos e incluso por la muerte de tres personas detenidas; aun así, ICE ha evadido la rendición de cuentas por su conducta. Estamos demandando para garantizar que ningún otro ser humano tenga que soportar el trato inhumano que la administración Trump ha infligido a nuestros clientes”.
“Camp East Montana está en el epicentro de la cruel agenda de deportación de la administración”, declaró Savannah Kumar, abogada del personal de la ACLU de Texas.
“Personas de todo el país han sido transportadas a una base militar en medio del desierto y encerradas en un campamento de detención de tiendas de campaña plagado de muertes, brotes de enfermedades y golpizas por parte de los guardias. La demanda saca a la luz las horrendas condiciones que el gobierno de EE.UU. ha impuesto a las personas detenidas en este lugar. Las experiencias de nuestros clientes se suman a un historial de trato cruel e inhumano en este sitio que se superpone a la vergonzosa historia del internamiento de japoneses en estas tierras hace décadas“.
“Camp East Montana ha tenido demasiadas consecuencias peligrosas y mortales”, apuntó Rochelle Garza, presidenta del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.
“Esta demanda busca rendición de cuentas y justicia para aquellos que perdieron la vida y para los detenidos que han sido sometidos a condiciones intolerables, una falta total de atención médica y a quienes se les ha despojado de su dignidad sin pensarlo dos veces. Por nuestros clientes y sus seres queridos, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas y nuestros socios estamos trabajando para que el gobierno federal y los responsables de Camp East Montana respondan por su negligencia y sus daños”.
Con este litigio, las organizaciones civiles no solo buscan frenar los abusos inmediatos y resarcir los daños provocados a miles de familias separadas, sino establecer un precedente de rendición de cuentas que obligue al gobierno federal a respetar los estándares mínimos de dignidad humana en los procesos de control migratorio.
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