La Policía Judicial (PJ) lusa ha registrado este jueves la sede del Partido Socialista de Portugal, en el marco de una macrooperación que investiga un presunto esquema de prevaricación en la adjudicación de contratos municipales, que podrían haber costado al erario público más … de dos millones de euros.
La Unidad Nacional de Combate a la Corrupción de la PJ realizó diversos registros a lo largo del país. Lisboa, Mafra, Oeiras y Coimbra han sido las ciudades en las que se han llevado a cabo las inspecciones por parte de la Policía.
La Operación Imergente investiga «la práctica de delitos de prevaricación y participación económica en negocio, a través de la adjudicación de diversos contratos por parte de las alcaldías y juntas municipales», según el comunicado emitido por la PJ. Los agentes han detenido a cinco personas —una de ellas por posesión ilegal de armas. Se trata de una ex concejala de Oeiras que después fue puesta en libertad. Hay 37 personas sospechosas.
Los detenidos comparecerán este viernes en el Tribunal Central de Instrucción Criminal de Lisboa, para un primer interrogatorio judicial en el que se aplicarán las medidas preventivas.
El Partido Socialista confirmó a través de un comunicado que la Policía Judicial se encontraba en la sede del partido «llevando a cabo diligencias relacionadas con actividades atribuidas a uno de sus empleados». El secretario general socialista, José Luís Carneiro, aseguró que el PS «no es objeto de la investigación». Además, afirmó que la formación está cooperando con la Policía Judicial «con el fin de garantizar la correcta conducción de las investigaciones y el pleno respeto de los principios y normas del Estado de derecho».
«Haré todo lo que esté a mi alcance para defender y promover la legalidad en todos los niveles de responsabilidad del partido, tanto a nivel local como nacional». El dirigente socialista aseguró que seguirán colaborando con las autoridades. «Si se han cometido delitos, todos los responsables deberán responder por ellos, por lo que cooperamos de forma leal para garantizar que se haga justicia».
Tras estas primeras declaraciones del secretario general socialista, los principales partidos también se pronunciaron. Desde el Partido Socialdemócrata (PSD) del primer ministro Luís Montenegro, pidieron a Carneiro que «no se sacuda el agua del capote» y asuma las responsabilidades del partido.
António Rodrigues, vicepresidente del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata (PSD), espera que la investigación «vaya hasta el final», independientemente del partido al que se pertenezca.
Paralelismo con España
Por su parte, André Ventura, presidente de la derecha radical, afirmó que decir que no es una investigación al PS, sino a uno de sus trabajadores, es algo «infantil» y una «falta de respeto» hacia los portugueses. En ese sentido, espera que el país «sea tan exigente con los socialistas como lo serían con su partido».
Ventura hizo una comparación con la macrooperación policial iniciada por las autoridades portuguesas con las noticias que llegan del otro lado de la frontera. «Estamos viendo lo que está sucediendo en España, donde también se investiga toda una trama de corrupción que salpica a la estructura del PSOE, tanto a nivel municipal como nacional y me parece que hay aquí un patrón», afirmó Ventura. «Carneiro estuvo hace poco tiempo en España con Pedro Sánchez, dándose fuerza mutuamente», dijo. «Cuando fui a España y dije que Sánchez debería estar en prisión, me criticaron mucho, pero parece que ahora la Justicia piensa igual», afirmó.
Detenido un asesor del secretario general
Uno de los detenidos en la operación Imergente es Duarte Moral, experiodista y asesor de comunicación, considerado uno de los hombres más influyentes del PS en Lisboa y a nivel nacional. Actualmente trabaja directamente con José Luís Carneiro. Antes trabajó junto al ex primer ministro socialista António Costa. Su despacho en la Sede de Rato es uno de los locales que han sido registrados por la Policía.
Según la CNN Portugal, Duarte Moral se habría beneficiado presuntamente de una prestación de servicios de 10.000 euros para el PS de Mafra, en 2021, por trabajos de consultoría de comunicación y venta de panfletos publicitarios. La investigación policial también se centra en una contratación por adjudicación directa a la empresa de su esposa, Rute Reimão, también detenida esta mañana. Lo que se investiga son los contratos de prestación de servicios en una de las freguesias (barrios) de Lisboa, entre 2022 y 2022, por la que habría obtenido 72.000 euros.
Otro de los sospechosos es Miguel Coelho, dirigente municipal socialista y exdiputado entre 1995 y 2019 y ex presidente de la junta municipal del barrio lisboeta de Santa Maria Maior. Se trata de una figura relevante en la estrategia del PS en la capital. Nada más conocerse las noticias, Coelho, aunque no fue detenido, anunció que suspendía su mandato como diputado municipal con la «conciencia tranquila».
«Colaboraré con las autoridades competentes para aclarar los hechos, y me defenderé con la conciencia tranquila en relación a mi conducta con la misma honradez con la que siempre he ejercido mi trayectoria cívica y política», afirmó en comunicado.
Según la Unidad Nacional de Combate a la Corrupción, es sospechoso de haber contratado «una red de nueve antiguos candidatos del PS en el municipio de Mafra», además de a 19 empresas de la región relacionadas con militantes socialistas, para la prestación de servicios por un valor que supera los 800.000 euros entre 2016 y 2022.
Según un comunicado emitido por el Departamento Regional de Investigación y Acción Penal de Lisboa, el importe global investigado asciende a casi dos millones de euros. Se investigan hechos relacionados con «adjudicaciones municipales y emisión de facturas indebidas», así como presuntos delitos de prevaricación y participación económica en negocio, se investigan delitos de malversación de fondos públicos, abuso de poder, estafa cualificada, falsificación de documentos y fraude fiscal cualificado.
En la operación Imergente participan 400 inspectores y peritos de la Policía Judicial, además de siete magistrados del Ministerio Público. Hasta el momento, hay 37 sospechosos.