Los abogados representantes de las víctimas de la tragedia del Jet Set afirmaron este martes que el contraperitaje presentado por la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, lejos de favorecer a los imputados, refuerza la acusación del Ministerio Público al confirmar la existencia de defectos de construcción y un deterioro estructural progresivo en la edificación.
El abogado Carlos Salcedo sostuvo que las conclusiones del informe independiente evidencian una negligencia prolongada y respaldan la teoría planteada por el Ministerio Público sobre las causas del colapso ocurrido el 8 de abril de 2025.
A juicio del jurista, el documento técnico presentado por la propia defensa se convierte en un elemento que fortalece la presunta responsabilidad penal de los imputados.
En tanto, la abogada Laura Acosta afirmó que la nueva experticia coincide con hallazgos contenidos en la acusación oficial, al señalar fallas estructurales y condiciones que, según indicó, hacían previsible el riesgo de colapso.
“¿Y las 236 víctimas?”, cuestionó la jurista, quien criticó que los imputados ahora invoquen garantías procesales cuando, según sostuvo, no actuaron con el mismo nivel de cuidado frente a quienes perdieron la vida en la tragedia.
La defensa de Antonio y Maribel Espaillat, sin embargo, sostiene que tanto el peritaje oficial como el independiente deberán ser debatidos durante el juicio de fondo y valorados por el tribunal competente antes de emitir una decisión definitiva.
El Ministerio Público mantiene la acusación contra los propietarios de la discoteca por presuntas violaciones al artículo 319 del Código Penal Dominicano, que sanciona el homicidio involuntario por imprudencia, negligencia o inobservancia de reglamentos.
La tragedia del Jet Set ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando colapsó el techo de la reconocida discoteca ubicada en Santo Domingo durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el hecho.
El colapso dejó un saldo de 236 muertos y más de 100 heridos, convirtiéndose en la peor tragedia ocurrida en un centro de entretenimiento en la historia dominicana.
El Ministerio Público informó que hasta enero de 2026 se habían acumulado 346 querellas contra los hermanos Espaillat.
En abril de 2026, los fiscales Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía depositaron ante el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional un expediente acusatorio de 156 páginas solicitando formalmente apertura a juicio.
Dentro del proceso preliminar, el juez Raymundo Mejía Zorrilla autorizó la realización de un peritaje técnico privado solicitado por la defensa para garantizar el derecho de defensa y la igualdad procesal.
El informe independiente, elaborado por el ingeniero José Manuel Lockhart Romero junto a otros especialistas, concluyó que el desplome no fue provocado por una sobrecarga, sino por “un deterioro progresivo gradual e interno de la estructura combinado con defectos ocultos de construcción”.
Mientras tanto, querellantes y representantes de víctimas han solicitado variar la calificación jurídica del caso, argumentando que la figura de homicidio involuntario limita la pena máxima a dos años de prisión, una sanción que consideran insuficiente ante la magnitud de la tragedia.