A propósito de la reciente promulgación de la Ley 16-26 por parte del Poder Ejecutivo, que busca regularizar y saldar deudas con contratistas del Estado, los juristas Luis Ricardo y Erick Morrobel, en representación de un grupo de contratistas y proveedores, hicieron un llamado urgente al presidente Luis Abinader y a las autoridades financieras para que se proceda con el pago inmediato de los compromisos que ya cuentan con sentencias definitivas.
Los abogados explicaron que, aunque la nueva legislación representa un avance para atender deudas administrativas acumuladas de gestiones pasadas, el Estado dominicano mantiene una mora injustificada frente a obligaciones respaldadas por fallos judiciales definitivos.
En ese sentido, advirtieron que someter sentencias firmes a los nuevos mecanismos de revisión y auditoría de la Comisión Especial del Ministerio de Hacienda podría constituir una vulneración al principio de separación de poderes, establecido en la Constitución.
Sostuvieron que las deudas validadas mediante decisiones judiciales definitivas no requieren nuevos procesos de verificación, sino la asignación directa de los recursos correspondientes.
El ahogamiento fiscal y la paradoja tributaria
La firma legal Ricardo & Morrobel reiteró la gravedad del conflicto tributario que enfrentan sus representados, quienes se encuentran atrapados en un círculo vicioso: la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) les exige certificaciones al día para poder cobrar, pero su falta de liquidez fiscal es consecuencia directa del impago del propio Estado. Ante esta asfixia económica, solicitaron formalmente al Presidente de la República una intervención que permita la compensación de deudas tributarias o la emisión de dispensas especiales para estos acreedores.
Una propuesta para descongestionar el TSA
Con el fin de buscar una solución real, definitiva y evitar que los afectados tengan que seguir acudiendo a los tribunales, los juristas invitaron a los congresistas y ministros a coordinar una mesa de trabajo conjunta. La propuesta busca abordar de manera administrativa temas relativos a la devaluación de la moneda por el paso del tiempo y las debidas compensaciones por daños causados por el retraso estatal.
De lograrse este acercamiento, afirmaron, se liberaría al Tribunal Superior Administrativo (TSA) de una alta carga de expedientes y se eximiría a los ministerios e instituciones contratantes (como Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Ministerio de La Juventud, entre otros) de los costosos y largos trámites que conlleva un proceso legal.
Finalmente, los abogados recordaron que detrás de las cifras millonarias existe una innegable tragedia humana que afecta el patrimonio y la salud de cientos de familias dominicanas, por lo que manifestaron su total disposición al diálogo con las autoridades financieras para establecer una hoja de ruta definitiva que restaure la confianza en la contratación pública.