Decenas de familias dejaron una comunidad de vivienda pública en Port Isabel, Texas, después de recibir una advertencia relacionada con el estatus migratorio de los integrantes del hogar. El caso volvió a quedar bajo atención nacional porque muestra, en escala local, el impacto que podría tener una propuesta federal para cambiar las reglas de acceso a viviendas subsidiadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, conocido como HUD.
Según un reporte de Associated Press, la ocupación en esa comunidad de vivienda pública cayó de 91% en enero a 43% en mayo, después de que residentes recibieran una carta en febrero que fue interpretada como una posible amenaza de desalojo. La propuesta federal de HUD todavía no entró en vigor, pero el temor y la confusión ya provocaron una salida masiva de familias.
El caso es especialmente sensible porque involucra a hogares de estatus migratorio mixto: familias donde algunos miembros son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes elegibles para asistencia federal, mientras otros no tienen un estatus elegible bajo las reglas de vivienda pública.
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Qué pasó en Port Isabel
El episodio comenzó con una carta enviada el 3 de febrero de 2026 por la autoridad local de vivienda de Port Isabel. De acuerdo con AP, la comunicación decía a residentes que todos los miembros del hogar debían probar estatus legal en un plazo de 30 días o podían enfrentar consecuencias sobre su vivienda. Luego hubo aclaraciones, pero muchas familias ya habían decidido irse por miedo.
El dato más fuerte es la caída de ocupación: de 91% en enero a 43% en mayo, muy por debajo del promedio nacional de ocupación en vivienda pública, estimado en 94% en el reporte citado por AP.
Ese desplome no prueba que haya habido desalojos formales en todos los casos. Lo que muestra es algo distinto: una comunicación confusa, combinada con una propuesta federal aún pendiente, alcanzó para que muchas familias abandonaran sus hogares antes de que hubiera una regla final.
Qué propone HUD sobre las familias de estatus mixto
HUD publicó en el Federal Register una propuesta de regla el 20 de febrero de 2026 para modificar la verificación de ciudadanía o estatus migratorio elegible en programas de vivienda asistida. La propuesta plantea verificar el estatus de todos los solicitantes y beneficiarios, sin importar la edad, y cambiar el tratamiento de la asistencia prorrateada para hogares mixtos.
Bajo las reglas actuales, una familia de estatus mixto puede recibir asistencia reducida o prorrateada, calculada solo por los miembros elegibles. Es decir, los integrantes no elegibles no reciben subsidio federal, pero la familia puede permanecer unida en la vivienda.
Organizaciones de vivienda explican que la propuesta de HUD haría que esa asistencia prorrateada deje de poder continuar indefinidamente y pase a ser una condición temporal mientras se verifica el estatus de todos los miembros.
Reuters reportó en febrero que HUD estimó que la medida involucra cerca de 20,000 hogares de estatus mixto y alrededor de 24,000 personas indocumentadas o no elegibles que actualmente viven en hogares con asistencia federal.
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A quiénes podría afectar
La medida no solo impactaría a adultos sin estatus migratorio elegible. También podría afectar a hogares donde viven niños ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, adultos mayores o familiares con distintos tipos de estatus.
Críticos de la propuesta sostienen que muchas familias podrían enfrentar una decisión extrema: separarse para conservar la ayuda de vivienda o perder el subsidio si el hogar permanece unido. La National Low Income Housing Coalition advirtió que la regla podría obligar a familias mixtas a elegir entre continuar juntas y mantener la asistencia habitacional.
HUD, en cambio, sostiene que la propuesta busca cerrar vacíos regulatorios y asegurar que los fondos federales beneficien solo a ciudadanos estadounidenses y personas con estatus elegible. En un comunicado oficial, la agencia afirmó que la regla apunta a impedir que personas no elegibles residan en viviendas financiadas con fondos públicos.
La regla aún no está vigente
Este punto es clave: la propuesta de HUD todavía no es una regla final. Fue publicada en febrero y abrió un período de comentarios públicos. Organizaciones de vivienda y autoridades locales han recordado que, mientras no exista una regla final, las familias no deberían asumir automáticamente que deben abandonar su vivienda.
Para residentes que reciban cartas o avisos de una autoridad de vivienda, abogados y defensores recomiendan no salir de la unidad sin pedir orientación, guardar todos los documentos recibidos, solicitar explicaciones por escrito y consultar con organizaciones legales o de vivienda antes de firmar cualquier renuncia o entregar llaves.
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