Raúl Castro, el último jefe histórico de la revolución cubana aún con poder real en la isla, ha sido imputado en Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. La acusación recupera uno de los episodios más graves de la … confrontación entre Washington y La Habana, el ataque de cazas cubanos, en febrero de 1996, contra dos aeronaves civiles de esa organización de exiliados cubanos, en el que murieron cuatro personas.
Casi tres décadas después, la Fiscalía norteamericana coloca al hermano de Fidel Castro, expresidente de Cuba, antiguo ministro de Defensa y figura tutelar del aparato militar y represor del régimen, en el centro de una causa penal de altísimo impacto político y simbólico. Se repite, además, el patrón seguido en Venezuela, la imputación de Nicolás previa a su extracción por la fuerza.
Sobre Castro pesan siete cargos: uno por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses fuera de Estados Unidos; dos por destrucción de aeronaves civiles estadounidenses, correspondientes a las dos avionetas de Hermanos al Rescate derribadas el 24 de febrero de 1996; y cuatro cargos de asesinato, uno por cada una de las víctimas mortales. La acusación sostiene que Castro autorizó el uso de fuerza letal contra esas aeronaves civiles desarmadas y que los cazas cubanos las abatieron en aguas internacionales.
La Fiscalía sostiene en el auto que las avionetas eran aeronaves civiles desarmadas operadas desde Florida por Hermanos al Rescate, organización dedicada a localizar balseros cubanos y apoyar movimientos pro-democracia. Según la imputación, dos Mig cubanos derribaron dos aeronaves de Hermanos al Rescate en aguas internacionales, matando a cuatro ciudadanos estadounidenses, incluidos tres nacidos en Estados Unidos. El documento afirma que Raúl en persona autorizó el uso de fuerza letal contra Hermanos al Rescate después de los vuelos de enero de 1996.
El objetivo de la conspiración, según la acusación, era matar a ciudadanos estadounidenses derribando aeronaves de Hermanos al Rescate con información proporcionada por espías en Miami, para intimidar y tomar represalias contra el pueblo y el exilio cubano. En definitiva, la causa contra Raúl Castro añade ahora una dimensión judicial a esa ofensiva: no se limita a castigar al régimen por su presente, sino que rescata un crimen que durante largos años fue símbolo de impunidad para el exilio cubano.
Según dijo el fiscal general en funciones, Todd Blanche, al anunciar los cargos en la Torre de la Libertad de Miami, «quien mate a estadounidenses pagará; no importa cuánto tiempo pase, el peso de la ley caerá sobre ellos».
El anuncio se hizo precisamente este 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba, aunque la imputación había sido aprobada por un Gran Jurado el 23 de abril y permanecía bajo secreto de sumario. Ese dato es relevante porque da a la acusación un peso procesal mayor, no se trata solo de una decisión del Departamento de Justicia o de un movimiento político de la Casa Blanca, sino de una imputación penal avalada por ciudadanos estadounidenses convocados por un tribunal federal.
Un caso crucial para el exilio
El caso de Hermanos al Rescate ocupa un lugar central en la memoria política de Miami. La organización realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida para localizar balseros cubanos y denunciar la represión del régimen. Murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Para el exilio, aquel ataque no fue un incidente militar, sino una ejecución de civiles desarmados. Para el castrismo, fue una operación defensiva. Estados Unidos sostuvo siempre que las aeronaves fueron abatidas sobre aguas internacionales.
En 1996, Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el hombre que controlaba el aparato militar cubano y uno de los miembros más poderosos del régimen. Su responsabilidad política y de mando fue denunciada durante años por familiares de las víctimas, activistas y organizaciones del exilio. La acción penal en Estados Unidos busca ahora llevar ese señalamiento al terreno judicial.
Imagen de los 4 fallecidos en 1996 al ser derribada su avioneta de Hermanos al Rescate por el régimen cubano.
(EFE)
Sylvia Iriondo, superviviente del ataque y una de las voces más reconocidas del exilio cubano, dijo a ABC que «la imputación de Raúl Castro es un paso importante para el fin de la impunidad». Iriondo viajaba en una tercera avioneta de Hermanos al Rescate que no fue derribada. Desde entonces ha dedicado buena parte de su vida a reclamar justicia para las víctimas y a mantener vivo el caso en Washington y Miami.
Castro tiene 94 años y representa la continuidad de la revolución de 1959. Fue uno de los jefes de la guerrilla que derrocó a Fulgencio Batista, dirigió durante décadas las Fuerzas Armadas, asumió la presidencia en 2008 tras la enfermedad de Fidel y dejó formalmente el cargo en 2018. Pero nunca salió del poder. Su figura sigue siendo central en la arquitectura política, militar y económica del régimen, en especial en el entramado de las Fuerzas Armadas y en los conglomerados empresariales controlados por los militares.
Otra medida de presión
La imputación se produce después de una cadena de medidas de presión. Trump firmó el 1 de mayo una orden ejecutiva que amplía la capacidad de Estados Unidos para sancionar a jerarcas del régimen y a actores vinculados a sectores estratégicos de la economía cubana. El 7 de mayo, Washington sancionó a Gaesa, el conglomerado empresarial de los militares cubanos; a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera; y a Moa Nickel S.A., una empresa del sector minero.
Recientemente, el Tesoro añadió nuevas sanciones contra altos cargos políticos y militares, incluido el Ministerio de Comunicaciones, mandos de las Fuerzas Armadas y la Dirección de Inteligencia, el principal servicio de espionaje del régimen.
La presión energética es otro frente. La Casa Blanca ha amenazado con sanciones a países que suministren combustible a Cuba, una medida que en la práctica endurece el bloqueo sobre la isla. La reducción del petróleo venezolano y las restricciones al suministro exterior han agravado los apagones y la peor crisis económica cubana en décadas. El régimen, dependiente durante años del petróleo subsidiado de Venezuela, afronta ahora una falta crónica de energía, divisas y capacidad de importación.
Trump ya había avisado en marzo de que Cuba «es la siguiente» después de Venezuela. La frase marcó el tono de una estrategia que ya no se limita a sanciones económicas o declaraciones políticas.
La imputación de Raúl recuerda, por su carga simbólica pero también por posibles efectos prácticos, al caso de Nicolás Maduro, acusado en Estados Unidos por narcotráfico y trasladado a Nueva York tras su captura en Caracas el 3 de enero. En el caso cubano, la Casa Blanca parece aplicar una secuencia parecida: presión económica, sanciones personales, acusaciones penales y un mensaje político de ruptura con el ‘statu quo’.
La imputación de Raúl Castro recuerda, por su carga simbólica pero también por posibles efectos prácticos, al caso de Nicolás Maduro
El Gobierno cubano no ha comentado directamente nada de la imputación. El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, respondió la semana pasada con un mensaje de desafío, al afirmar que Cuba seguirá su camino de «soberanía» y «desarrollo socialista» pese al embargo, las sanciones y las amenazas de uso de la fuerza. El presidente Miguel Díaz-Canel elevó el tono el lunes y advirtió de que cualquier acción militar de Estados Unidos contra Cuba provocaría un «baño de sangre». También sostuvo que la isla no representa una amenaza para Estados Unidos.