El Gobierno de facto talibán en Afganistán ha emitido una nueva ley que autoriza el matrimonio infantil y que describe las circunstancias en las que esas uniones pueden ser anuladas tras la pubertad, ha confirmado este lunes el Ejecutivo. Según la copia de la ley facilitada por el Ministerio de Justicia, si “un pariente distinto del padre o del abuelo concertara el contrato matrimonial de un niño o una niña menores de edad (…) con una pareja compatible y con una dote adecuada”, el enlace “se considerará válido”.
Esa condición de compatibilidad social, según la ley, se refiere a la “igualdad del marido con la mujer en términos de linaje, origen familiar, religión, edad y otras características”. El reglamento, firmado el viernes, establece también que los menores tendrán derecho a solicitar la cancelación del matrimonio una vez lleguen a la pubertad, pero que “dicha anulación solo podrá tener lugar mediante resolución judicial”.
Ese derecho a la anulación no es igual entre niños y niñas: la ley establece que el “silencio” de una niña al alcanzar la pubertad equivale un consentimiento sobre la continuidad del matrimonio, no siendo así para los niños o las mujeres que hayan estado casadas. “La opción de una joven virgen queda invalidada por el silencio”, indica el texto.
El artículo 8 aborda lo que describe como abuso de autoridad por parte de un padre o abuelo que actúa como tutor. Afirma que si un padre o abuelo casa a una hija o nieta menor de edad “sin actuar con compasión o de manera apropiada hacia ella”, la joven podrá, al alcanzar la pubertad, solicitar la anulación del matrimonio ante los tribunales.
El mismo artículo establece además que si un padre o un abuelo “es conocido por su conducta inmoral o abuso de autoridad” y casa a una niña con una “persona no compatible” o le impone una “dote manifiestamente injusta”, entonces el matrimonio no se considerará válido.
Desde la toma de Kabul en agosto de 2021, los talibanes han impuesto leyes y códigos que subyugan a las mujeres a sus esposos y familiares, confinándolas cada vez más a sus hogares, en violación de los derechos humanos. En enero, los gobernantes de facto en Afganistán aprobaron un código judicial que clasifica a la sociedad en cuatro categorías y establece castigos diferenciados según el estatus social del acusado, reservando las penas de prisión y latigazos para las clases bajas y simples “advertencias” para la élite y los clérigos.