Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hace un llamado al Ministerio Público para que presente al país los avances de la segunda fase de la investigación del presunto desfalco multimillonario del SeNaSa, que anunciaron previamente las propias autoridades.
«Recordamos que, en el marco de la investigación inicial, fueron sometidos algunos funcionarios y empresarios acusados de corrupción y de operar estructuras fraudulentas dentro del Seguro Nacional de Salud«.
Sin embargo, posteriormente, el propio Ministerio Público informó que dichas investigaciones habían revelado una red más amplia que participó en las irregularidades y sustracción de fondos públicos. Por esa razón, se habló de una segunda fase de investigación y sometimientos judiciales.
Segunda fase pendiente
Hoy, el país sigue esperando la conclusión de esa investigación y parecería que se intenta jugar al olvido para que no se conozca el alcance real del desfalco.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió con los recursos destinados a millones de dominicanos afiliados a SeNaSa y quiénes son los responsables y beneficiarios finales del desfalco detectado, que aún no han sido sometidos a la justicia.
Nunca sabremos cuántas personas pudieron haber resultado afectadas e incluso perdido la vida como consecuencia de estos actos bochornosos, que sustrajeron fondos destinados a garantizar la salud del pueblo dominicano.
Impacto y posibles irregularidades
Durante años, miles de afiliados al régimen contributivo de SeNaSa acudieron a farmacias con recetas médicas válidas y recibían la inesperada respuesta de que ya habían agotado el monto disponible para medicamentos, aun cuando aseguraban no haber utilizado previamente esa cobertura.
Pero, en adición, el presidente Luis Abinader afirmó públicamente en su discurso de rendición de cuentas de este año que las imágenes diagnósticas médicas pasaron de 2 millones 451 mil a más de 4 millones 338 mil en 5 años, mientras que las cirugías aumentaron de 356 mil a más de 629 mil procedimientos.
Son cifras que llaman la atención y que requieren una explicación seria, tomando en cuenta que República Dominicana tiene una población aproximada de 11 millones de habitantes y que, luego del COVID, el país no ha atravesado ninguna crisis pandémica ni epidemiológica extraordinaria que justificara un aumento tan elevado de procedimientos médicos y quirúrgicos.
Ese patrón repetitivo representa una señal alarmante y merece una explicación clara y transparente, así como el sometimiento a la justicia de todos los responsables de estos hechos indignantes.
Estamos hablando de recursos públicos destinados a garantizar el derecho a la salud y la protección social de millones de dominicanos, derechos fundamentales consignados en la Constitución, la cual establece, además, en su artículo 146, que el Estado debe perseguir y sancionar toda forma de corrupción y sustracción de fondos públicos.
Pero aquí hay un elemento que hace este caso todavía más grave e indignante: que gran parte de los recursos destinados a medicamentos, tratamientos y atención de salud para millones de dominicanos, especialmente los más pobres, terminaran presuntamente financiando estructuras políticas y la pasada campaña del partido de gobierno, según interrogatorios y líneas investigativas contenidas en el propio expediente del ministerio público, en los que se afirma que parte del dinero tenía como destino la campaña del PRM.
Estamos hablando de dinero que debió servir para aliviar dolor, salvar vidas y garantizar atención médica, pero que fue utilizado para sostener intereses políticos y electorales.
Por eso, el PLD exige que esta investigación no se limite a mandos medios, proveedores de salud o figuras operativas. Debe llegar hasta todo el componente político-electoral de esta estructura que, evidentemente, hasta la fecha ha sido tratado con paños tibios.
Reiteramos lo que ya hemos planteado anteriormente. El 1 de diciembre de 2025 exigimos al Ministerio Público presentar resultados y someter a los responsables; el 8 de diciembre denunciamos el trato diferenciado y selectivo en la persecución penal; y el 20 de enero de 2026 advertimos que el eventual uso de fondos sustraídos de SeNaSa para fines electorales agravaría de manera extrema este escándalo.
Exigencias al Ministerio Público
En consecuencia, solicitamos formalmente, por cuarta vez, que el Ministerio Público informe al país:
Primero: el estado actual de la investigación del caso “SeNaSa”;
Segundo: que precise cuáles diligencias se han realizado;
Tercero: Que explique por qué no se ha presentado la segunda fase anunciada;
Cuarto: Que establezca si existió conexión entre fondos sustraídos y financiamiento político-electoral durante el proceso electoral de 2024, conforme a las líneas de investigación contenidas en el expediente conocido hasta ahora; y
Quinto: Que la Cámara de Cuentas, con el mismo nivel de diligencia y celeridad con que ha actuado en otros procesos de investigación y auditoría, realice y publique la auditoría integral al SeNaSa, correspondiente al período 2020-2025, y remita sus resultados al Ministerio Público, dada la magnitud de las irregularidades denunciadas y el enorme impacto social de este caso.
El pueblo dominicano merece conocer toda la verdad sobre estas investigaciones y sobre cualquier estructura criminal y política que haya utilizado el sistema de salud para enriquecerse de manera ilícita, a costa de los afiliados.
Este caso no puede quedar en la impunidad.