Santo Domingo.- Expertos en derecho afirmaron que los extranjeros trasladados a República Dominicana como parte de un eventual convenio bilateral tendrían la posibilidad de recurrir a acciones judiciales, como el recurso de amparo, para intentar permanecer en territorio dominicano, alegando protección de sus derechos fundamentales.
Los juristas señalaron que cualquier medida que implique restricción de libertad o movilidad debe respetar el debido proceso, garantizar asistencia legal y permitir el acceso a la justicia. Según explicaron, ninguna limitación puede ser indefinida, arbitraria o inmune al control judicial.
“Si los traen contra su voluntad, con una acción de amparo cualquier juez competente podría disponer su libertad”, expresó uno de los abogados consultados, quien advirtió que el verdadero debate surgiría posteriormente sobre el estatus migratorio de esas personas dentro del país.
Derechos humanos y posibles solicitudes de refugio
Los especialistas también indicaron que, en caso de que alguno de los extranjeros alegue persecución política o riesgos contra su vida en su país de origen, el Estado dominicano estaría obligado a evaluar mecanismos de protección internacional y refugio.
Explicaron que República Dominicana, como Estado suscriptor de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, tiene el deber de proteger a cualquier persona cuya vida o integridad esté amenazada.
En ese sentido, recordaron que las normas internacionales establecen garantías frente a violaciones de derechos fundamentales, especialmente en situaciones relacionadas con persecución política, conflictos o amenazas a la seguridad personal.
Cancillería insiste en que acuerdo sería temporal y controlado
En medio de la controversia generada por el convenio, el canciller Roberto Álvarez aclaró que el mecanismo no contempla asentamientos permanentes ni procesos judiciales prolongados en República Dominicana.
El funcionario explicó que se trataría de una operación “temporal y controlada”, coordinada bajo criterios de soberanía nacional y cooperación internacional, con financiamiento total de Estados Unidos.
- Asimismo, aseguró que ningún extranjero ingresará al territorio dominicano sin la autorización expresa del Gobierno.
Mientras continúan las discusiones sobre el alcance del acuerdo, abogados y representantes del sector jurídico solicitaron que el memorándum sea publicado de manera íntegra para que la población y la comunidad jurídica conozcan sus detalles y posibles implicaciones legales.