Santo Domingo.- La violencia contra las mujeres y las niñas es también un problema de violación sistémica y estructural de los derechos humanos, incluso el derecho fundamental a la vida, que no se puede encasillar en las estadísticas de violencia común.
Así lo afirmó este miércoles en un comunicado la presidenta de la organización no gubernamental Profamilia, Ana Navarro, durante la presentación de una propuesta para fortalecier el marco de protección de derechos y respuesta integral a las violencias de género en República Dominicana.
La iniciativa es apoyada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Asociación de Cooperación por la Paz, y está enfocada en contribuir al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en República Dominicana.
«La violencia contra las mujeres y las niñas es generalmente perpetrada por una persona cercana, una persona en la que podríamos confiar», expuso Navarro.
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Del mismo modo, el embajador de España en República Dominicana, Antonio Pérez-Hernández, exteriorizó que «la violencia contra la mujer es una de las formas más extremas de violación de los derechos humanos, siendo la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra todas las formas de violencias hacia las mujeres y niñas una prioridad y seña de identidad de la cooperación española y de España».
Así, agregó el diplomático, se plantea un abordaje integral, «centrado en las necesidades de las víctimas, las sobrevivientes de violencia, donde hay que tener presente el empoderamiento de las mujeres y que puedan tomar decisiones desde su propia autonomía, promoviendo su reinserción educativa, laboral, social y su recuperación emocional».
El programa pretende reforzar el marco nacional integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en el país.
Con las acciones de esta iniciativa se espera contribuir a mejorar los mecanismos, herramientas y conocimientos en el sector salud, en las áreas de justicia y policial como entidades determinantes en la ruta de atención a sobrevivientes de violencia basada en género, así como en el marco legal, programas y políticas.
Por otra parte, la directora ejecutiva de Profamilia, Magaly Caram, señaló que «la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas se enmarca en la discriminación histórica que viven estas y que no puede ser comprendida sin el enfoque de género y el análisis que este proporciona ni la perspectiva de igualdad y equidad que debe existir entre hombres y mujeres.
Felicitó la iniciativa del Congreso Nacional para avanzar en la adopción de una legislación que complemente la Ley 24-97 y modifique su enfoque punitivo por un enfoque integral de las causas de la violencia contra las mujeres que van desde la prevención, la atención, eliminación, reparación de las víctimas de la violencia machista y las sanciones, entre otros, con algunos avances.
Con este esfuerzo en conjunto se espera la aplicación en los ámbitos público y privado del protocolo de la norma nacional de violencia basada en género en salud; capacitar a un equipo hospitalario para abordar correctamente casos de violencia machista, una guía e instrumentos específicos y reforzar la ruta de derivación de los casos
