Santo Domingo. — La jueza presidenta de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, conoció este martes la solicitud de medida de coerción contra el fiscal suspendido Aurelio Valdéz Alcántara, acusado de presuntamente recibir un soborno de 10 mil dólares en el marco del denominado caso Senasa.
- La magistrada actúa como juez de instrucción especial, debido a la jurisdicción privilegiada del imputado, mientras el Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva en su contra.
Acusación y detalles de la supuesta entrega de dinero
Según la imputación, Aurelio Valdéz Alcántara fue detenido en flagrante delito en una plaza comercial del Distrito Nacional, tras una entrega controlada autorizada por la justicia.
El dinero habría sido entregado por un testigo del Ministerio Público, identificado como Roberto Canaán, en el marco de una operación encubierta.
De acuerdo con las autoridades, los fondos estaban marcados y posteriormente fueron encontrados en el sunroof del vehículo que utilizaba el fiscal suspendido.
Defensa presenta incidentes y cuestiona competencia
El Ministerio Público sostiene que el imputado habría solicitado inicialmente 200 mil dólares, luego redujo la exigencia a 150 mil dólares, además de requerir un vehículo Mercedes Benz y un reloj Rolex, recibiendo finalmente los 10 mil dólares.
En respuesta, los abogados de la defensa presentaron varios incidentes procesales, incluyendo la solicitud de que el magistrado Wilson Camacho se retirara del caso y que se declarara la nulidad de la medida de coerción.
La defensa argumenta que ni Wilson Camacho ni Yeni Berenice Reynoso tendrían competencia para imputar al fiscal, alegando que el proceso debió ser llevado por un procurador de corte.
El abogado Valentín Medrano calificó lo ocurrido como “espeluznante” y aseguró que algunas de sus solicitudes fueron rechazadas por la magistrada, por lo que han interpuesto recursos de oposición.
La audiencia continúa en desarrollo y, una vez concluyan las réplicas del Ministerio Público y la defensa, la jueza Isis Muñiz deberá retirarse a deliberar para decidir si impone prisión preventiva o acoge el pedido de anulación del proceso.