El régimen de Cuba formaliza la categoría migratoria «Inversores» y propietarios de «Negocios» para los ciudadanos cubanos residentes en el exterior «que lo soliciten y participen en el modelo económico» del país, una medida que había sido anunciada desde el mes de marzo del presente … año y que entra en vigor tras la publicación en la Gaceta Oficial este martes.
Las autoridades presentan la normativa como «parte del proceso de actualización integral del ordenamiento jurídico del país» implementado en los últimos años y que comprende, por ejemplo, la Constitución de 2019, el Código Penal y el Código de las Familias.
No obstante, en la práctica se ha interpretado como una medida desesperada para atraer capitales de los cubanos residentes en el exterior en momentos de crisis económica grave y en medio de las presiones de Estados Unidos sobre el régimen para que implemente reformas.
El decreto fue aprobado en abril y publicado este 5 de mayo en la Gaceta Oficial, evidenciando la rapidez con la que pretenden implementar las nuevas medidas y que contrasta con el inmovilismo de otras como la Ley de Salud Pública, que estuvo más de un año engavetada.
Entre los objetivos planteados refieren la consolidación de «los vínculos con los cubanos residentes en el exterior y adecuar el régimen jurídico a las dinámicas actuales de movilidad humana». Entre fines de 2021 y de 2024, alrededor de un millón y medio de cubanos se fueron del país.
Un motor económico
La diáspora cubana, fundamentalmente la residente en Estados Unidos, ha constituido un motor económico importante: durante años han sostenido parte de la economía cubana con el envío de remesas (una de las tres principales fuentes de entrada de divisas al país) y ayudas alimenticias y/o humanitarias. Ello pese a que, durante décadas, ha sido denigrada por el régimen: los han calificado como traidores, apátridas, gusanos, escoria, y otros calificativos degradantes.
Por lo que, generar atractivos para esa comunidad es uno de los objetivos de la nueva normativa. Desde hace unos tres años la narrativa oficial hacia esa diáspora fue cambiando: de gusanos/traidores/contrarrevolucionarios, a «comunidad cubana residente en el exterior».
Desde hace unos tres años la narrativa oficial hacia la diáspora fue cambiando: de gusanos/traidores/contrarrevolucionarios, a «comunidad cubana residente en el exterior»
«Uno de los elementos centrales es la introducción del concepto de Residencia Efectiva Migratoria, que reconoce como residentes a aquellas personas —cubanas o extranjeras— que permanezcan en el país más de 180 días acumulados al año, o que, aun sin cumplir este requisito, demuestren arraigo mediante vínculos familiares, laborales, económicos o patrimoniales. Asimismo, se elimina el límite anterior de 24 meses de permanencia en el exterior para ciudadanos cubanos y se establece que no existe restricción de tiempo para su estancia en el país; y se detiene el incremento de la condición de emigrado», detalla una publicación de la Cancillería de Cuba.
Según los especialistas, la creación de una categoría migratoria específica ofrece un marco de seguridad jurídica que antes no existía. En teoría, quienes la ostenten tendrían los mismos derechos que los ciudadanos residentes en el territorio nacional.
Visto bueno del aparato represivo
No obstante, aquellos que quieran invertir o ser propietarios de negocios en la isla deberán obtener la aprobación de entidades estatales, en dependencia del negocio en cuestión, entre ellas del Ministerio del Interior (MININT). Por lo que dicha dependencia de avales institucionales, a su vez, limitan las solicitudes e indican la selectividad, por lo que no cualquiera podrá invertir, sino solo aquellos que cuenten con el visto bueno del aparato represivo e ideológico.
Por ejemplo, un cubano residente en Miami, conocido por oponerse a la dictadura y participar en concentraciones pacíficas de denuncia al régimen, no obtendría dicha aprobación. Como tampoco un opositor o activista dentro de la isla tendría la posibilidad de tener su negocio pues, en caso de ser aprobado, sobreviviría bajo acoso constante de los órganos represivos y hasta, seguramente, le inventen un delito económico para enviarlo a prisión.
Hasta el momento, los incentivos han surtido efectos casi nulos. La respuesta mayoritaria del exilio ha sido que no invertirán en la isla debido a la falta de garantías, la inseguridad jurídica y el riesgo de que el régimen confisque sus capitales; mientras, otros afirman que solo invertirían en caso de cambios políticos o de una transición a la democracia que garantice libertades económicas.