La ley 98-25, que establece una contribución obligatoria por el manejo de residuos sólidos, ha desatado un fuerte enfrentamiento entre los sectores productivos y las autoridades. Aunque su objetivo es fortalecer la gestión ambiental en el país, empresarios advierten que su aplicación podría generar efectos negativos en la economía, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
Nudo del conflicto
El principal punto de conflicto radica en la forma en que se calcula el pago: en función de los ingresos de las empresas y no de la cantidad de residuos que generan.
Esto ha sido calificado como un esquema injusto por diversos gremios, que señalan que negocios con poca generación de desechos podrían terminar pagando lo mismo que grandes corporaciones con un impacto ambiental mucho mayor.
Impacto en empresas
Representantes del sector comercial aseguran que las tarifas establecidas son excesivas y, en algunos casos, impagables.
Denuncian incrementos que superan el 300 % en comparación con lo que anteriormente se pagaba, lo que pone en riesgo la operatividad de muchas empresas. Además, advierten que esta carga económica podría traducirse en aumentos de precios al consumidor y una desaceleración en el crecimiento del sector productivo.
Otro de los cuestionamientos es la falta de equidad en la escala contributiva. Empresarios argumentan que compañías con niveles de facturación muy distintos terminan enfrentando obligaciones similares, lo que consideran una violación al principio de igualdad. En ese sentido, sostienen que la ley no toma en cuenta la realidad de cada tipo de empresa ni su capacidad real de contribución.
Acciones y cambios
Ante este escenario, diversas organizaciones han presentado acciones de inconstitucionalidad, alegando que la normativa afecta derechos fundamentales y el desarrollo económico. Asimismo, proponen que se revise el modelo de cálculo, incorporando criterios más justos, como el volumen real de residuos generados o una clasificación más precisa de las empresas.
- Incluso, informes técnicos han recomendado realizar estudios de impacto económico y aplicar la medida de forma gradual para evitar disrupciones en el mercado. Sin embargo, estas sugerencias no fueron consideradas en su momento.
Mientras el Congreso evalúa posibles modificaciones, el debate continúa intensificándose. Todos los sectores coinciden en la importancia de contribuir a una gestión sostenible de los residuos, pero insisten en que debe hacerse bajo un esquema equilibrado que no comprometa la estabilidad ni el crecimiento del aparato productivo nacional.