El crecimiento económico y el aumento del consumo en República Dominicana han traído consigo una consecuencia cada vez más visible: la generación masiva de residuos sólidos.
De acuerdo con un estudio realizado en 2023 por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santo Domingo, cada habitante produce alrededor de 650 kilos de basura al año, lo que coloca al país por encima de varios de la región en términos de desechos generados.
Este volumen se traduce en miles de millones de toneladas de residuos, en un contexto donde la infraestructura sigue siendo limitada. Actualmente, existen cientos de vertederos en el país, la mayoría a cielo abierto, y solo una mínima parte cuenta con controles adecuados. Esta realidad evidencia un sistema de gestión que aún enfrenta grandes desafíos estructurales.
Ley y vacíos
Durante más de una década, distintos sectores impulsaron la creación de una legislación que regulara tanto el manejo de los residuos como el aprovechamiento de materiales reciclables. La ley aprobada en 2020 representó un avance inicial, pero dejó vacíos importantes, especialmente en lo relativo a la eliminación de plásticos de un solo uso y el impulso al reciclaje.
Con la posterior modificación introducida por la ley 98-25, el debate tomó otro rumbo. En lugar de establecer prohibiciones más estrictas o incentivos claros para la reducción de residuos, se optó por medidas como el uso de aditivos para hacer ciertos materiales “biodegradables”, lo que ha sido cuestionado por sectores ambientales, que consideran que no resuelve el problema de fondo.
A esto se suma la polémica por la contribución obligatoria impuesta a las empresas en función de sus ingresos. Diversos actores señalan que este esquema no guarda relación con la cantidad real de basura generada, lo que podría resultar en cargas desproporcionadas para negocios con bajo impacto ambiental.
Propuestas y pendientes
Frente a este escenario, sectores productivos han presentado propuestas alternativas que buscan un modelo más equilibrado, combinando criterios como el tamaño de la empresa, su nivel de operaciones y su generación efectiva de residuos. Además, se ha planteado la necesidad de suspender temporalmente los cobros hasta que se logre una reforma consensuada.
- Mientras el Congreso analiza nuevas iniciativas para modificar la legislación, el país enfrenta el reto de encontrar un punto de equilibrio entre sostenibilidad ambiental y viabilidad económica.
La gestión de residuos sigue siendo una deuda pendiente, y la falta de soluciones efectivas continúa reflejándose en la contaminación de ríos, cañadas y costas, incluso en un país que depende en gran medida del turismo.