Han transcurrido tres décadas desde uno de los hechos más estremecedores en la historia reciente de la República Dominicana: el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, de apenas 12 años, un caso que por su brutalidad, planificación y vínculo familiar quedó marcado en la memoria colectiva como el crimen que cambió la percepción de la violencia en el país.
El viernes 3 de mayo de 1996, José Rafael salió de su casa con el permiso de su madre para asistir, supuestamente, a una exhibición de motocicletas junto a su primo, Mario José Redondo Llenas. Ese mismo día, el propio Redondo acudió a la Policía Nacional para denunciar su desaparición, asegurando que había dejado al menor en una plaza comercial acompañado de unos amigos.
Durante las primeras horas, el caso fue tratado como un posible secuestro, lo que activó una intensa búsqueda por parte de familiares, autoridades y la sociedad en general. Sin embargo, la incertidumbre se disipó de la forma más trágica al día siguiente, cuando campesinos encontraron el cuerpo sin vida del niño en el arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte, en la zona de Pedro Brand. El cadáver estaba atado con cintas adhesivas y presentaba 34 heridas de arma blanca, incluyendo una en la yugular.
Las investigaciones pronto revelaron una realidad aún más impactante: el crimen había sido planificado y ejecutado por su propio primo, Mario José Redondo Llenas, en complicidad con su amigo Juan Manuel Moliné Rodríguez, quienes para la época tenían 19 y 18 años, respectivamente.
Lejos de asistir a la actividad que habían mencionado, los jóvenes salieron con el niño, lo amarraron de pies y manos y lo introdujeron en el baúl de un vehículo propiedad de Moliné. Tras recorrer varias zonas, lo trasladaron hasta el arroyo Lebrón, donde finalmente lo asesinaron.
Según las confesiones realizadas durante el juicio, el plan inicial consistía en secuestrar al menor para exigir un rescate de aproximadamente RD$10 millones, aprovechando que pertenecía a una familia de clase media alta. Sin embargo, el secuestro derivó en un homicidio particularmente violento.
El proceso judicial estableció que Mario José Redondo fue quien propinó las 34 puñaladas, mientras que Moliné Rodríguez lo sujetaba con fuerza para inmovilizarlo.
El caso dio un giro clave cuando, en la escena del crimen, fue encontrado un fragmento de cuaderno con el nombre y número telefónico de una persona vinculada a los implicados, lo que permitió a las autoridades seguir el rastro hasta identificar y arrestar a los responsables. Ambos terminaron confesando su participación en el secuestro y asesinato.
Las evaluaciones psicológicas realizadas a los acusados arrojaron perfiles que impactaron a la opinión pública. En el caso de Redondo, los expertos determinaron que no presentaba trastornos psicóticos ni desconexión con la realidad; por el contrario, poseía una capacidad intelectual elevada, lenguaje coherente y actitud colaboradora. No obstante, mostraba una personalidad conflictiva, marcada por la angustia, la baja autoestima y una tendencia al encubrimiento, así como una notable frialdad emocional y ausencia de arrepentimiento genuino, rasgos asociados a una personalidad antisocial.
Por su parte, Juan Manuel Moliné Rodríguez también fue evaluado sin indicios de psicosis, pero con rasgos psicopáticos, una visión distorsionada de los valores humanos, comportamiento frío, agresivo y una marcada falta de empatía.
En septiembre de 2006, ambos fueron condenados por múltiples delitos, incluyendo secuestro, asesinato, asociación de malhechores, falsificación de documentos, robo agravado y porte ilegal de armas. Redondo Llenas recibió la pena máxima de 30 años de prisión, mientras que Moliné Rodríguez fue condenado a 20 años.
Moliné recuperó su libertad el 5 de mayo de 2016, tras cumplir su condena. A su salida, pidió perdón a la familia de la víctima y a la sociedad dominicana.
Durante su tiempo en prisión, Mario José Redondo continuó su vida dentro del sistema penitenciario. Se graduó de la carrera de Derecho, formó una familia y tuvo dos hijos, en un proceso de reinserción que, aunque contemplado por la ley, no ha logrado borrar el impacto del caso en la sociedad.
Hoy, a 30 años del crimen, Mario José Redondo Llenas sale en libertad tras cumplir la condena máxima establecida en el ordenamiento jurídico dominicano.
Juristas han señalado que, desde el punto de vista legal, el sistema cumplió su función al imponer la pena máxima y ejecutar la condena. Sin embargo, también advierten que existe un “derecho al no olvido” en la sociedad, como mecanismo de memoria colectiva y disuasión frente a hechos similares.
El caso de José Rafael Llenas Aybar no solo estremeció por la violencia con la que fue cometido, sino por la traición que implicó: un crimen perpetrado dentro del núcleo familiar, lo que sacudió profundamente a la sociedad dominicana.
Treinta años después, el expediente judicial puede estar cerrado, pero la herida permanece abierta. Porque mientras algunos logran reinsertarse en la sociedad, hay ausencias que no se reparan y memorias que no prescriben.
El crimen que marcó la historia sigue siendo, para muchos, un recordatorio de los límites más oscuros de la condición humana.