El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que entre otras cosas se pide a los gobiernos de los países miembros que no retiren las sanciones contra el régimen venezolano porque sigue habiendo presos políticos a pesar de la anunciada amnistía y … tampoco se han convocado elecciones, como pide la comunidad internacional. La imposición o retirada de sanciones es una prerrogativa del Consejo, es decir, de los gobiernos nacionales, y cualquier decisión ha de ser aprobada por unanimidad. Este documento aprobado en la Eurocámara no tiene fuerza legal, pero pone de manifiesto el estado de opinión general.
El Gobierno español ha pedido ya que se retire el nombre de Delcy Rodríguez de la lista de sancionados de la dictadura venezolana, alegando que ahora ya no es vicepresidenta sino la jefa del Estado y que en su día no se incluyó al propio Nicolás Maduro en la relación de los dirigentes que tienen prohibida la entrada en la UE. De hecho, ha anunciado que la invitará a la Cumbre Iberoamericana a pesar de ello.
Esta posición del Gobierno español se queda muy descentrada respecto a la corriente general en Europa, sobre todo si se tiene en cuenta que la resolución ha sido aprobada por una mayoría aplastante de 507 votos a favor y 31 en contra. El texto ha sido promovido por el Partido Popular Europeo y ha sido aprobado por casi toda la cámara excepto por la extrema izquierda. Todos los diputados socialistas, españoles incluidos, han votado a favor. En contra se han manifestado Irene Montero e Isa Serra.
Los eurodiputados señalan que aún hay como mínimo 470 personas injustamente encarceladas y consideran que la aplicación discriminatoria de la Ley de Amnistía aprobada en Caracas «no proporciona ninguna base para la reconciliación política». Por ello, la resolución insta a la dictadura a poner fin a la represión.
Violaciones de derechos humanos
El texto subraya que el Consejo «debe mantener las sanciones impuestas a los responsables de violaciones de los derechos humanos hasta que se adopten medidas hacia una transición pacífica a la democracia, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía». En este sentido se señala que en Venezuela se ha de producir «la liberación incondicional de todos los presos políticos, la recuperación de sus derechos civiles y políticos, la retirada y anulación de todos los cargos por motivos políticos contra la oposición y el establecimiento de una hoja de ruta creíble hacia unas elecciones libres y justas».
Los intentos del Gobierno español por levantar las sanciones contra el régimen venezolano se han encontrado con una oposición mayoritaria en el seno del Consejo, donde Alemania, Holanda, Polonia, Suecia o los países bálticos insisten en que deben mantenerse.
El régimen de sanciones permite que se puedan dejar de aplicar temporalmente como una excepción legal, como ya sucedió cuando Rodríguez fue invitada a participar en una reunión entre la UE y los países de Hispanoamérica en 2003 que se celebró bajo la presidencia semestral española. Para este tipo de decisiones no se necesita la unanimidad, por lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado que piensa aplicar esa excepción para permitirle entrar en España durante la próxima Cumbre Iberoamericana.