En Valverde, Mao, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial conoció medidas de coerción contra el comunicador e investigador Ángel Martínez, quien enfrenta acusaciones por presunta difamación e injuria, a raíz de una querella presentada por el empresario agrícola Arismendy Almonte.
Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los elementos que, según su criterio, vinculan al imputado con los hechos denunciados, alegando que las declaraciones emitidas por Martínez habrían afectado el honor y la reputación del querellante. En ese sentido, el tribunal acogió parcialmente la solicitud de coerción, imponiendo varias medidas restrictivas mientras avanza el proceso judicial.
Entre las disposiciones dictadas por el juez se encuentran el impedimento de salida del país, la presentación periódica ante las autoridades correspondientes y el pago de una garantía económica ascendente a un millón de pesos dominicanos, la cual deberá ser cubierta mediante una compañía aseguradora.
A su salida del tribunal, Ángel Martínez ofreció declaraciones a la prensa en las que cuestionó tanto su arresto como el proceso judicial en su contra. El comunicador calificó las medidas como “injustas” y sostuvo que es víctima de una persecución, reiterando que sus pronunciamientos se enmarcan dentro del ejercicio de la libertad de expresión.
Asimismo, afirmó que continuará defendiendo su posición y que su equipo legal trabajará para demostrar su inocencia en las próximas etapas del proceso. Por su parte, la parte querellante ha insistido en que existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones, por lo que esperan que el caso avance conforme a lo establecido por la ley.
Este caso ha generado debate en distintos sectores, especialmente en torno a los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad legal en la difusión de informaciones, un tema que cobra cada vez mayor relevancia en el ámbito de la comunicación en la República Dominicana.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**