El Congreso brasileño ha reducido este jueves la condena de 27 años de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro, en una maniobra legislativa que ahora deberá ser ratificada por la Corte Suprema. La decisión, tomada tras anular un veto presidencial de Luiz Inácio … Lula da Silva, redefine el cálculo de las penas para los delitos contra el Estado de derecho. Esta medida podría permitir que el líder ultraderechista cambie su actual largo régimen de detención en un plazo de apenas dos a cuatro años.
Esta victoria del bolsonarismo representa la segunda gran derrota consecutiva para el presidente Lula en apenas 48 horas, dejando al Palacio del Planalto en una situación de extrema debilidad parlamentaria en un año electoral en el que el actual mandatario busca su cuarta reelección. El miércoles, el Senado ya le había impuesto una derrota al mandatario al rechazar el nombramiento de su Abogado General, Jorge Messias, para una vacante en el Tribunal Supremo. Fue la primera vez desde 1894 que los senadores vetaron a un candidato propuesto por la Presidencia para la máxima corte, evidenciando una crisis de gobernabilidad sin precedentes.
Bolsonaro, quien se recupera actualmente bajo arresto domiciliario tras una octava cirugía realizada en Navidad, cumple condena por liderar un intento de golpe de Estado tras su derrota en 2022 frente a Lula da Silva. Aunque la sentencia original le impedía pasar al régimen semiabierto hasta el año 2033, la prensa local calcula que la nueva ley de «Dosimetría» podría recortar hasta 20 años de su sentencia. Esta reducción favorable al expresidente ocurre mientras su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, se consolida como el principal rival electoral de Lula en las elecciones de este año, liderando inclusive las encuestas.
El texto aprobado prohíbe la acumulación de las penas por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático y golpe de Estado, estableciendo que se aplique únicamente la sanción más grave. Además, la propuesta contempla reducciones de hasta dos tercios para aquellos condenados en contextos de «multitud». Esta cláusula beneficia potencialmente a más de 190 bolsonaristas implicados en el ataque a las sedes de los Tres Poderes, del 8 de enero de 2023, cuando la turba invadió y destruyó esos edificios públicos. Estos acusados ahora pueden tener sus condenas drásticamente reducidas bajo el nuevo marco legal.
La anulación del veto de Lula fue masiva, por 318 votos a favor en la Cámara de Diputados y 49 en el Senado, superando ampliamente el mínimo necesario para desafiar al Ejecutivo. La oposición vinculó este movimiento con la necesidad de pacificar el país, mientras el gobierno califica la medida como un «arreglo político» para fragilizar la democracia.
El Gobierno podría dar la batalla judicial
Según la prensa brasileña, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, que se ha vuelto una piedra en el zapato de Lula, realizó una maniobra inusual al desmembrar el veto para evitar que la nueva norma suavizara las penas de crímenes comunes graves o facciones criminales. Al declarar que esos fragmentos podían ser «perjudiciales», el Congreso pudo centrar el alivio penal exclusivamente en los delitos de carácter político. Esta estrategia permitió que legisladores moderados apoyasen la votación sin el temor de ser acusados de favorecer a criminales comunes o responsables de feminicidios.
A pesar de la aprobación, la reducción de la pena no será automática y necesita que los condenados presenten defensas ante la Corte Suprema para que realice el recálculo oficial de las puniciones. Se espera que el Gobierno de Lula presente acciones de inconstitucionalidad para frenar la vigencia de la ley, lo que promete una nueva y violenta batalla jurídica. El escenario deja a Bolsonaro más lejos de la celda de lo que la justicia había previsto originalmente, pero aún sin posibilidad de presentarse en esta elección por estar inelegible.